La popularidad en las encuestas le impone utilizar ahora el capital político constituido por el respaldo ciudadano y enfrentar con decisión los graves problemas que tiene el país, comenzando por la crisis de los partidos de gobierno. Ello significa tomar decisiones que afectan relaciones de poder y ellas deben ir a favor de la mayoría de la población, venciendo la resistencia de los grupos de interés y de sectores de los partidos oficialistas.
En las últimas semanas diversas encuestas muestran una alta aprobación a la presidenta Bachelet. Más allá de la variedad de los resultados, la calidad de las instituciones que las realizan y sus metodologías (telefónicas o cara a cara, regional o nacional, etc.), se plantean dos preguntas: ¿qué significa una alta aprobación presidencial? ¿para qué sirve?
La alta aprobación significa un apoyo a la labor de la Presidenta y que la gente está conforme con su gestión. Asimismo, más importante aún, es una fuente de recursos políticos para seguir adelante en el cumplimiento del programa de gobierno. De ahí que lograr buenos resultados en las encuestas no es una cuestión de satisfacción personal, sino que constituye una necesidad para los jefes de gobierno para fortalecer su posición con el fin de impulsar políticas complejas e importantes.
Lo hizo Tony Blair en Gran Bretaña (1997-2008), mediante una política que abarcó el fortalecimiento de su partido, la elección de ministros que cumplían la doble función de ser jefes de su respectiva cartera y ser dirigentes políticos, intervino en temas controvertidos y desarrolló un cuidadoso trabajo con los medios de comunicación. Sus atributos personales fueron de la mano con acciones políticas y le permitieron haber sido el primer ministro que más años permaneció en su cargo en forma continuada.
La estrategia seguida por la presidenta Bachelet ha sido diferente. Por un lado, hubo iniciativas hacia la opinión pública, resaltando sus atributos personales, dejando en un segundo plano su rol institucional. Se hace una presentación despolitizada de ello, no interviene en temas conflictivos y se mantiene lejos de su partido, el PS, y de la Concertación.
Por otro lado, hubo una decisión organizativa, imponiéndose una alta centralización decisoria en la Presidenta, con lo cual, los ministros, con la excepción del titular de Hacienda, Andrés Velasco, tienen un poder limitado para tomar decisiones importantes. Esto fue reafirmado en un acto público al comienzo de su mandato, indicándoles cómo debían trabajar (el "cartillazo" de junio de 2006). Estas decisiones debilitaron a los ministros, que ven que sus competencias son limitadas.
Constituye un cambio en la organización de la Presidencia respecto de sus antecesores, que dieron bastante autonomía a sus ministros, lo cual les permitió desarrollar su labor con seguridad y confianza.
Los ministros también han contribuido a su debilitamiento, adoptando posturas reactivas frente a los problemas de sus carteras, temiendo ser recriminados desde La Moneda. Ministras y ministros compiten en sonrisas ante la televisión, tienen estilos de acción despolitizados, son pasivos ante las críticas de la oposición, eficientes para encontrar puntos de encuentro con el mundo empresarial, reticentes hacia el mundo social y laboral e indiferentes a los problemas de sus partidos.
Hasta el poderoso ex ministro de Defensa del Presidente Frei, Edmundo Pérez Yoma (PDC), hoy titular de Interior, tiene un desempeño pasivo y opaco, que contrasta con el que tuvieron José Miguel Insulza (PS) y Carlos Figueroa (PDC) en los gobiernos de Lagos y Frei respectivamente.
La alta aprobación de la Presidenta debiera llevarle a una mayor intervención en la solución de los graves problemas que tiene el país, comenzando por "las escandalosas desigualdades", la mala calidad de la educación pública, la crisis de representación del sistema político y el dramático debilitamiento de los partidos, especialmente del PS, el partido de la Presidenta. También debe haber un mayor compromiso político de parte de sus ministros.
La diáspora del PS, con tres candidatos presidenciales que han renunciado a la colectividad de Grove y Allende, más la candidatura oficial de la Concertación, no se explica sólo por problemas internos de la colectividad, sino también por debilidades del gobierno. No es menor el hecho que la crisis de la Concertación se manifieste cuando hay una Presidenta socialista La Moneda.
Michelle Bachelet se acerca al final de su mandato con una alta simpatía de la población. La popularidad en las encuestas le impone utilizar ahora el capital político constituido por el respaldo ciudadano y enfrentar con decisión los graves problemas que tiene el país, comenzando por la crisis de los partidos de gobierno. Ello significa tomar decisiones que afectan relaciones de poder y ellas deben ir a favor de la mayoría de la población, venciendo la resistencia de los grupos de interés y de sectores de los partidos oficialistas.
De lo contrario, los problemas se agravarán y terminarán dañando a su gobierno y a su legado, que quedará marcado por esas falencias. Podrá mantener una alta simpatía personal por algunos meses, sabiendo que ella se desvanecerá a partir del 11 de marzo de 2010.
Por Carlos Huneeus - Profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y Director Ejecutivo de la Corporación CERC.
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