Medios fiscalizadores, mejor democracia.

Los medios también podrían dar mayores señales de transparencia para luego exigirla al sector público. La falta de competencia que se da en el mercado de la prensa escrita, así como los conflictos de interés políticos y empresariales asociados a la propiedad de los medios en el caso de la televisión, son tareas pendientes para quienes aspiran ser guardianes de la transparencia.

Cuando existen medios de comunicación fiscalizadores del poder político y económico, mejora la calidad de la democracia y los ciudadanos confían en sus instituciones. En vez de criticar a los medios, la clase política debiera buscar mecanismos para potenciar el rol fiscalizador de la prensa en una sociedad que lo pide a gritos.

A nadie sorprende el reportaje de Informe Especial sobre las andanzas de los diputados en el Congreso. Los honorables ya están bastante desprestigiados ante la opinión pública para causar ese tipo de reacciones. Lo que sí causa extrañeza son las críticas y silencios de la clase política -y de los propios periodistas- al rol fiscalizador de los medios de comunicación. Pese a ser una de las pocas instancias que tienen los ciudadanos de monitorear el actuar de sus representantes, la discusión se centró en los criterios periodísticos del programa. Más allá de las niñerías que se mostraron en pantalla -como las visitas a Facebook en plena sesión- el problema está en las omisiones a los conflictos de interés de los honorables, sus declaraciones de patrimonio y la eficiencia en el uso de recursos públicos.

Esas omisiones son las que impiden nivelar las asimetrías de información y que fomentan la desigualdad en los niveles de información de las personas. Al estar pendientes del número de diputados de derecha que salieron en el reportaje, los reclamos de algunos miembros del directorio del canal público -elegidos por cuoteo en el Congreso- sólo dan cuenta de su ignorancia frente a la necesidad de pluralismo, diversidad y fiscalización propias de una democracia representativa. Esa tarea recae en gran parte en los medios de comunicación. Así, una ciudadanía informada sobre el desempeño de las autoridades puede tomar mejores decisiones políticas a la hora de elegir a sus representantes.

Los medios de comunicación dicen deberse a sus audiencias. Esa declaración de principios se cumple al pie de la letra cuando se trata de entretención o fiscalización del sector público. Allí funcionan la competencia y las exclusivas en el mercado de la información. Ya que no le pueden dar con un garrote a quienes solventan sus costos, los medios se ven limitados de fiscalizar a empresas que tienen alto impacto público. Solo así se puede justificar la omisión de los medios en la colusión de las farmacias. Frente a ese hecho, las audiencias se enfrentaron a una publicidad engañosa que dice que los medios -al igual que los políticos- representan los intereses de la ciudadanía.

Pese a esas limitaciones, los medios también podrían dar mayores señales de transparencia para luego exigirla al sector público. La falta de competencia que se da en el mercado de la prensa escrita, así como los conflictos de interés políticos y empresariales asociados a la propiedad de los medios en el caso de la televisión, son tareas pendientes para quienes aspiran ser guardianes de la transparencia. Si a esto agregamos la escasez de indicadores de lectoría, rating y tendencia en la cobertura de los hechos noticiosos, terminan por dificultar a las personas la tarea de elegir la fuente de información que responda de mejor forma a sus intereses.

Estas limitaciones y omisiones en el trabajo de la prensa afectan la confianza ciudadana en los medios y su impacto en la calidad de la democracia. La última Encuesta Nacional UDP (2008) reveló sólo que un 36% de los chilenos confía en los diarios y un 39% en la televisión. Si bien es el medio que más utilizan para informarse, un 51% considera que las noticias de televisión son influyentes en las decisiones de las autoridades. Pero a la hora de fiscalizar, 7 de cada 10 personas cree que los medios aportan en la denuncia de escándalos, aunque sólo 5 de cada 10 considera que los medios transparentan el funcionamiento de la política.

El malestar social que se evidencia en la actual campaña presidencial también afecta a los medios de comunicación. Los candidatos podrían aprovechar esta instancia para proponer medidas que refuercen el poder fiscalizador de los medios y así estimular la confianza ciudadana en los distintos actores sociales. En el caso específico de TVN -dado que la transición se acabó hace un rato- una propuesta que establezca criterios de competencia y transparencia en la elección de los miembros de su directorio es un buen comienzo. También la creación de un fondo concursable para la realización de programas o reportajes de investigación que sean difundidos en TVN o La Nación y que apunten a la fiscalización de empresas de alto impacto público. Así será posible avanzar y corregir las asimetrías de información que afectan la calidad de la democracia y fomentan la desigualdad en Chile.


Por Arturo Arriagada - El Mostrador.
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