Inaceptable desigualdad de ingresos y de calidad de vida, según CEPAL.

La desigualdad en la distribución de los ingresos y en la calidad de vida de Chile, no se solucionará si se confía sólo en más crecimiento económico y más y mejor utilización del gasto social. Aunque en Chile el ingreso per cápita casi se duplicó entre 1990 y 2007, el ingreso autónomo del 20% más rico de la población supera en más de 13 veces al del 20% más pobre, según el artículo “Chile: hacia un desarrollo inclusivo” de la Revista CEPAL.

Además, la tasa de desocupación se mantuvo elevada al igual que la informalidad de los ocupados y han aumentado los contratos de corto plazo y la rotación de los puestos de trabajo, o sea, la precariedad laboral.

Persiste en Chile una inaceptable desigualdad de ingresos y de calidad de vida que no se solucionará solamente con mayores tasas de crecimiento y más y mejor utilización del gasto social. Lo que se requiere es un cambio de enfoque en las políticas públicas, que permita superar la heterogeneidad de la estructura productiva y social del país, puesto que ésta constituye el principal obstáculo para lograr el crecimiento con equidad.

En el artículo “Chile: hacia un desarrollo inclusivo” de la Revista CEPAL Nº 97, Ricardo Infante y Osvaldo Sunkel expresan que la economía chilena y su sociedad, se dividen en tres mundos escasamente articulados.

Uno es de alta productividad, que impulsa a la economía y paga buenos salarios. Los otros dos son de mediana y baja productividad, ofrecen bajas remuneraciones y concentran la mayor parte del empleo pero no influyen mayormente en el crecimiento. Por tanto, la heterogeneidad se reproduce aún en condiciones de crecimiento económico acelerado.

Infante y Sunkel proponen introducir en el diseño de políticas públicas el concepto de pobreza relativa, que afecta a casi cuatro millones y medio de chilenos. Esta se define como el grupo de personas o familias cuyo nivel de ingreso es inferior a 0,6 veces el ingreso mediano, constituyéndose en el sector relativamente excluido de la sociedad.

Señalan que se requiere un ambicioso programa de transformación estructural a largo plazo (15 a 20 años) que permita a los sectores menos avanzados aumentar gradualmente la productividad y los ingresos de los trabajadores, y así mejorar la calidad de vida de las familias excluidas. Este programa debiera sostenerse en cuatro pilares: convergencia productiva, protección social garantizada, crecimiento económico con equidad y cohesión social.

En esta estrategia le cabría al Estado y la sociedad constituir un nuevo diálogo social para forjar un pacto donde las decisiones sobre el monto y aplicación de los recursos se adopten entre trabajadores, empresarios, gobierno y representantes de la sociedad civil.

Fuente: Información y Análisis América Latina.
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