Por siete votos contra seis, la comisión investigadora del Transantiago aprobó el informe presentado por la Concertación, luego de siete meses de trabajo, 47 sesiones y más de 60 invitados a declarar a la instancia.
De esta forma, se rechazó en primera instancia el informe preparado por la Alianza, que estimaba que el ex Presidente Ricardo Lagos tuvo una responsabilidad inexcusable en la implementación del plan, debido a su intención de influir en la elección de 2005.
El texto atribuye responsabilidad directa del ex ministro de Transportes, Sergio Espejo, y el ex coordinador Fernando Promis, además del actual subsecretario Danilo Núñez y el seremi, Pablo Rodríguez.
Entre sus conclusiones finales, el informe enfatiza que "la puesta en marcha el 10 de febrero fue un gran error".
"No se contaba con las condiciones mínimas para que el sistema de transporte funcionara con efectividad y hubo antecedentes y voces que debieron ser escuchadas", sentencia el texto.
"La malla de recorridos, el sistema de gestión de flota, los sistemas de trasbordo y la velocidad de los buses no estuvieron adecuadamente diseñados ni implementados", agrega.
En cuanto a la responsabilidad del sector privado, la comisión apunta un "grave incumplimiento de contratos", que corresponde "a los bancos que componen el AFT, a Enrique Méndez, gerente general del AFT, pero especialmente a la empresa Sonda severamente cuestionada por su responsabilidad y su actitud frente a la Comisión a través de su dueño Andrés Navarro".
En referencia a la responsabilidad del ex Presidente Ricardo Lagos, se reprocha como un "gran error" el "haber pretendido adelantar ese profundo proceso (de reforma al sistema público de transporte), sin una institucionalidad exclusiva, con competencias precisas y claras".
"Los graves problemas de Transantiago se fueron gestando durante todo el proceso de su creación hasta su puesta en marcha y desarrollo. El Estado contrató a empresas privadas que no cumplieron correctamente y fallaron en muchos aspectos que consigna este informe", se detalla.
En cuanto al papel de la Presidenta Michelle Bachelet, el informe señala que ésta "asumió que las cosas se habían hecho mal en el Gobierno", citando su discurso del 21 de mayo pasado, aunque sin atribuirle responsabilidad directa.
Respecto a los ministros Eduardo Bitrán (Obras Públicas) y Andrés Velasco (Hacienda), se les reprocha que "mostraron escasa capacidad de prevención respecto de lo que venía", por lo que "no obstante no ser directamente responsables, la actitud de ambos se alejó de lo que era esperable.
De esta forma, se rechazó en primera instancia el informe preparado por la Alianza, que estimaba que el ex Presidente Ricardo Lagos tuvo una responsabilidad inexcusable en la implementación del plan, debido a su intención de influir en la elección de 2005.
El texto atribuye responsabilidad directa del ex ministro de Transportes, Sergio Espejo, y el ex coordinador Fernando Promis, además del actual subsecretario Danilo Núñez y el seremi, Pablo Rodríguez.
Entre sus conclusiones finales, el informe enfatiza que "la puesta en marcha el 10 de febrero fue un gran error".
"No se contaba con las condiciones mínimas para que el sistema de transporte funcionara con efectividad y hubo antecedentes y voces que debieron ser escuchadas", sentencia el texto.
"La malla de recorridos, el sistema de gestión de flota, los sistemas de trasbordo y la velocidad de los buses no estuvieron adecuadamente diseñados ni implementados", agrega.
En cuanto a la responsabilidad del sector privado, la comisión apunta un "grave incumplimiento de contratos", que corresponde "a los bancos que componen el AFT, a Enrique Méndez, gerente general del AFT, pero especialmente a la empresa Sonda severamente cuestionada por su responsabilidad y su actitud frente a la Comisión a través de su dueño Andrés Navarro".
En referencia a la responsabilidad del ex Presidente Ricardo Lagos, se reprocha como un "gran error" el "haber pretendido adelantar ese profundo proceso (de reforma al sistema público de transporte), sin una institucionalidad exclusiva, con competencias precisas y claras".
"Los graves problemas de Transantiago se fueron gestando durante todo el proceso de su creación hasta su puesta en marcha y desarrollo. El Estado contrató a empresas privadas que no cumplieron correctamente y fallaron en muchos aspectos que consigna este informe", se detalla.
En cuanto al papel de la Presidenta Michelle Bachelet, el informe señala que ésta "asumió que las cosas se habían hecho mal en el Gobierno", citando su discurso del 21 de mayo pasado, aunque sin atribuirle responsabilidad directa.
Respecto a los ministros Eduardo Bitrán (Obras Públicas) y Andrés Velasco (Hacienda), se les reprocha que "mostraron escasa capacidad de prevención respecto de lo que venía", por lo que "no obstante no ser directamente responsables, la actitud de ambos se alejó de lo que era esperable.
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