Entre los mencionados hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo. Asimismo, figura un ex fiscal militar que adulteró documentos para encubrir el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, un médico que torturó a prisioneros como también el que sacó al químico de la DINA, Eugenio Berríos, fuera del país. Sectores de la Concertación y de la izquierda extraparlamentaria calificaron como una “traición” estos antecedentes y pidieron que el Gobierno, la institución armada y el ministro de Defensa expliquen esta situación.La información aparecida en La Nación Domingo causó ronchas al interior de organismos de derechos humanos y partidos que sufrieron la muerte de algunos de sus miembros como lo fue el PS y el PC.
La diputada del PS, Isabel Allende, calificó el hecho como doloroso y que significa un retroceso a lo que dijo el general Emilio Cheyre hace algunos años, en torno a que no se repetirían hechos como los ocurridos después de 1973.
Por su parte, el presidente de la colectividad y senador, Camilo Escalona, dijo que la información era inesperada y dolorosa.
El timonel socialista señaló que es un “alfilerazo al corazón” que desmiente al comandante en jefe del Ejército cuando se refirió a temas sobre violaciones a los derechos humanos.
“Esto para nosotros es como un alfilerazo en el corazón y por lo tanto es un golpe a la confianza, a la credibilidad y al proceso de reencuentro entre civiles y militares”, mencionó
Asimismo, consideró como una “burla” y “engaño” que enturbia el buen entendimiento entre civiles y militares.
En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, sostuvo que esto es una muestra del compromiso que tiene el Ejército con los criminales.
A su vez, el timonel del PC, Guillermo Teillier, afirmó que es necesario que el Ejército diera explicaciones a la gente al igual que el ministro de defensa sobre esta información.
“Esto es un golpe brutal en contra de todos los torturados, detenidos desaparecidos y sus familias”, precisó el sub jefe de la bancada, diputado Enrique Accorsi quien sostuvo que “todos los parlamentarios del PPD consideran esta actitud inaceptable y repudian absolutamente estos pagos”.
En este sentido, Accorsi puntualizó que la lista de honorarios que contempla nombres de oficiales que participaron en casos como los de Mulchén o en el encubrimiento del crimen de Carmelo Soria, conocida gracias a la Ley de Transparencia, “resulta una vergüenza”, ya que “no se puede estar pagando con plata de todos los chilenos a gente que participó en tan atroces crímenes”.
Por tal motivo, el parlamentario señaló que “exigirán al Gobierno y al Ejército que den explicaciones del por qué se están pagando esos sueldos y quién es el responsable de que ello esté ocurriendo”.
Finalmente, el diputado Accorsi adelantó que “llevarán este tema a la Comisión de Derechos Humanos que sesiona el miércoles en la Cámara de Diputados”.
Represores con sueldos
Varios represores de la dictadura de Augusto Pinochet, algunos de ellos procesados, reciben un sueldo por honorarios del Ejército, según una investigación que publica este sábado el diario La Nación.
La lista de funcionarios contratados por honorarios por esa institución incluye los nombres de ex agentes de la policía secreta, de un médico que torturó a prisioneros y de un ex fiscal que falsificó documentos para encubrir el crimen del diplomático español Carmelo Soria.
Uno de ellos es el coronel retirado Hugo "Cacho" Acevedo, que tiene un contrato por honorarios de 751.259 pesos mensuales (1.365 dólares) por "asesoría para administración del predio militar Casa Viejas de Chena".
En una audiencia ante el juez Alejandro Madrid, Acevedo admitió que perteneció a una brigada de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen, y que fue parte de la seguridad personal del dictador Augusto Pinochet, fallecido en 2006.
En la lista también figura el coronel retirado Sergio Castillo González, que actualmente recibe 1.205.298 pesos (2.191 dólares) al mes por "asesoría al desarrollo del proyecto de estructura de carrera profesional".
En diciembre de 2005, González reconoció ante un juez que fue agente de la DINA, y en mayo de 2008 fue procesado como uno de los autores de los secuestros y desapariciones en 1974 de tres militantes de izquierda que fueron víctimas de la llamada Operación Colombo.
Por su parte, Alfredo Iturraga Neumann, que declaró ante el juez que había pertenecido a la DINA, percibe cada mes 700.000 pesos (1.272 dólares) como "asesor en materias relacionadas con el levantamiento de competencias de la fuerza terrestre".
Otros 700.000 pesos del presupuesto del Ejército se destinan a pagar un salario mensual a Pablo Rodríguez Márquez, también antiguo agente de la desaparecida policía secreta, como "asesor de la sección preparación de la fuerza".
Rodríguez fue procesado y formalmente acusado por el juez Alejandro Madrid como autor de los delitos de secuestro, asociación ilícita criminal y obstrucción a la Justicia en el caso de Eugenio Berríos, al que él sacó del país en 1991, ya en democracia.
El químico y ex agente de la DINA Eugenio Berríos, a quien se atribuye la fabricación de gas sarín que se utilizó para eliminar opositores, estuvo confinado en un departamento de Montevideo y su cadáver fue encontrado en 1995 en una playa de ese país.
En tanto, el ex fiscal Sergio Cea, responsable de la cátedra de Derecho a la Información de la Universidad del Desarrollo, cuenta con un salario mensual de 677.222 pesos (1.231 dólares) del Ejército como "asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar".
Según el diario, Cea fue parte de la operación de encubrimiento y falsificación de instrumentos públicos iniciada por la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE) para trabar la investigación por el crimen de Carmelo Soria, asesinado en 1976.
El pasado 19 de enero, el juez Alejandro Madrid, que instruye el proceso por el asesinato de Berríos e investiga nuevos antecedentes en el caso de Soria, procesó a Cea junto a otro colaborador como coautores del delito de falsificación de instrumento público.
También el médico y coronel retirado Guido Díaz Paci, que hasta ahora no ha sido procesado por delitos de lesa humanidad, percibe 400.000 pesos mensuales (727 dólares) por "atención médica al personal activo, pasivo y familiares".
A Díaz, expulsado en 1987 por el Colegio Médico por falsificar antecedentes en la muerte de un transportista, se le atribuye el encubrimiento de la matanza de 15 prisioneros en la ciudad norteña de La Serena en 1973 y torturas a prisioneros en el regimiento Arica.
Consultado por el periódico, el Departamento Comunicacional del Ejército no emitió ninguna opinión sobre estos hechos.
Por El Mostrador
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