La justicia chilena despachó el martes una orden masiva de arresto contra más de un centenar de ex militares y policías por su responsabilidad en planes represivos de la dictadura de Augusto Pinochet, entre ellos la Operación Cóndor', confirmó el juez a cargo del caso.El magistrado Víctor Montiglio dictó orden de arresto contra al menos 129 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la temida policía política que operó en los primeros años de la dictadura de Pinochet (1973-1990), acusada de ser la responsable de la mayoría de las 3,000 víctimas que dejó su régimen.
"En general estamos investigando a todos los que han tenido participación en los cuarteles, en la medida en que hayan intervenido, procurado o afirmado la situación de privación de libertad de las víctimas. Estamos mucho más cerca del final'', dijo el juez Montiglio a Radio Cooperativa.
Una fuente judicial informó a la AFP que la orden de arresto se cumplirá de manera escalonada de aquí al viernes. Todos fueron encausados en calidad de coautores de secuestro calificado.
Montiglio asumió la investigación en 2006 --en reemplazo del juez Juan Guzmán, quien inició sus indagaciones en 1998-- y ha debido enfrentar testimonios contradictorios y la negación de los crímenes por parte de los interrogados, hecho que retrasó su decisión.
"Hay resoluciones importantes en la causa, pero el ministro [juez] nos pidió expresa reserva para poder completar las diligencias y agotar las investigaciones de importantes causas de derechos humanos, como la Operación Colombo, Operación Cóndor y Conferencia'', señaló el abogado que representa al Ministerio del Interior en estos casos, Boris Paredes.
La acusación se refiere a uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, la Operación Cóndor, que coordinó a las dictaduras del Cono Sur en los años 70 para el exterminio de opositores izquierdistas. Organizada por los servicios secretos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y nacida en 1975, dejó centenares de desaparecidos en estos países, con alcances que aún se investigan.
Por este plan fue asesinado en Buenos Aires en 1974 el ex comandante del Ejército chileno, Carlos Prats, y su esposa, y en 1976 el ex canciller chileno Orlando Letelier, en Washington.
La decisión del juez Montiglio incluye también la Operación Colombo, que consistió en la desaparición de 119 opositores a Pinochet en 1975, cuyas muertes el régimen ocultó a través de un montaje comunicacional que lo hizo ver como un enfrentamiento entre izquierdistas.
Por este caso el mismo juez ordenó en diciembre de 2005 el arresto domiciliario del hoy fallecido dictador Augusto Pinochet.
La orden alcanza también al llamado Caso Calle Conferencia, en mayo de 1976, que permitió la detención de 10 miembros del Partido Comunista chileno, que siguen desaparecidos hasta la fecha.
La orden incluye a cinco oficiales retirados que nunca habían enfrentado a la justicia, como César Manríquez, Manuel Karevic, Sergio Castillo, Fernando Cheneau y Luis Sovino.
También a 45 suboficiales del Ejército y a 14 uniformados ya condenados por causas de derechos humanos, además de 14 ex miembros de la Fuerza Aérea, 11 ex marinos, 32 policías, seis agentes de la policía civil y dos gendarmes o policías de prisiones.
Estos últimos habrían actuado como guardias y habrían realizado los traslados de los prisioneros políticos a diversos centros de detención clandestinos en Chile.
La justicia chilena establece el delito de secuestro calificado para los casos de personas, que se suponen están muertas pero sus cuerpos nunca han aparecido.
Bajo esta tesis, muchos jueces como Montiglio, se han abstenido de aplicar la Ley de Amnistía que dictó Pinochet para delitos políticos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 --día del golpe de Estado-- y marzo de 1978.
Por Agence France Presse – El Nuevo Heraldo.
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