La viciada democracia de Chávez.

Venezuela registra la más alta inflación del continente, escasez de alimentos, un presupuesto deficitario, basado en 60 dólares el barril, y una persistente polarización social. Pese a todo, siguiendo con su trayectoria de arbitrariedades, Hugo Chávez insiste en incrementar su autoritarismo para mantenerse en el poder.

En las últimas semanas ordenó intervenir industrias y fincas; intervino puertos y aeropuertos bajo la jurisdicción de alcaldes y gobernadores elegidos por la oposición, y anunció que llevará adelante una variedad de polémicos proyectos de ley, todos apuntados a consolidar su agenda socialista del siglo XXI.

Simultáneamente, en política internacional, ofreció a Rusia una base para bombarderos estratégicos; rechazó las condenas de la Sociedad Interamericana de Prensa por el hostigamiento a periodistas y a los medios de comunicación, y reiteró su rebeldía a las sentencias de la Comisión Interamericana de DD.HH. a favor del personal, propietarios y directivos de RCTV y Globovisión.

Por años, Chávez ha pretendido justificar sus arbitrariedades en supuestas conspiraciones internas y de Estados Unidos. Antes adujo que se requería concentrar el poder para dar gobernabilidad a Venezuela, a su juicio amagada por la corrupción de sus predecesores y opositores. Ahora intenta refugiarse en la crisis financiera internacional para estatizar empresas privadas, con la excusa de garantizar la producción y entrega de alimentos. En sucesivas elecciones y plebiscitos ha abusado del poder para intervenir en sus resultados. Permanentemente ha defendido la legitimidad de su gobierno, invocando su origen democrático y las votaciones que le han permitido aprobar la Constitución, reelegirse indefinidamente y lograr una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, que le ha delegado amplísimas facultades para controlar personalmente los demás poderes públicos, la justicia, las fuerzas armadas, la industria petrolera -principal actividad del país- y reducir la actividad económica privada.

Los procedimientos del Presidente venezolano son muy similares a los de gobernantes totalitarios, como los hermanos Castro en Cuba. A ellos la comunidad internacional les desconoce legitimidad democrática, pero pocos gobiernos cuestionan la inobservancia por Chávez de las reglas del Estado de Derecho, y ninguno las de la democracia.

Esta dicotomía proviene de afinidades ideológicas, conveniencias, dependencias y, en la mayor parte de los casos, de la simple indiferencia o la debatible creencia de que la exclusión y las denuncias favorecen la radicalización del proceso.

La confusión de nuestra región es que ha circunscrito el concepto democrático a la forma de acceso al poder y a las votaciones, esto es, la democracia de origen -también discutible en el caso de Chávez, por su recurrente intervencionismo, tras su primera elección.

Pero la democracia no se agota en su origen, sino que requiere del ejercicio democrático, que supone respeto a las minorías y un Estado de Derecho efectivo. Sin esos componentes, puede sostenerse que se trata de una democracia viciada.

La intervención foránea en los asuntos internos de otro Estado se contrapone al derecho internacional, une a la población, fortalece a los gobernantes y debilita a la disidencia. De allí la inconveniencia de los embargos y medidas aislacionistas. Pero hay otras opciones eficientes, como el distanciamiento y las condenas por las transgresiones a los principios democráticos. Tales medidas serían legítimas y procedentes frente al viciado régimen venezolano, darían prueba de coherencia y evitarían el desaliento que causa a las disidencias la complacencia y tolerancia de las democracias y los organismos latinoamericanos.

Fuente: Blogs El Mercurio.
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