El proyecto de Ley General de Educación fue aprobado en el Senado, eliminando el artículo según el cual otros profesionales no pedagogos, podrían hacer clases en los establecimientos de educación regular. Este tema, que había sido concordado por el Gobierno con el Colegio de Profesores, se puso de nuevo en el tapete en la Cámara de Diputados, con una indicación de la Alianza que repone dicha autorización.Esta reposición del tema ha reiniciado el conflicto que ha rodeado la tramitación de la ley, especialmente por la posición del Colegio de Profesores, que ha amenazado con nuevos paros y movilizaciones para hacer valer su oposición a esta iniciativa. Ante esto, ha tendido a descalificarse la posición de preferir solo a “profesores profesionales” debido precisamente a que es la posición agitada por el Colegio de Profesores.
Ahora bien, se señala que los profesionales no docentes viene a paliar un déficit de docentes especialistas, lo que ocurre principalmente en áreas científicas. Notemos aquí que este déficit se presenta principalmente en las áreas científicas: matemáticas, química, física y biología. Coyunturalmente, en los últimos años se ha observado en la especialidad de inglés, debido al fuerte énfasis que el MINEDUC razonablemente ha puesto en esta asignatura. La respuesta a la pregunta de si es conveniente o no incorporar otros profesionales a la docencia en aula (no a talleres u otras actividades no curriculares, por que los aportes en estas actividades están legitimados y son bienvenidos), es muy simple: no queda otra que incorporarlos, ya que no podemos no contar con la dotación mínima necesaria para impartir el currículum del establecimiento. Esto está prohibido expresamente por la ley. Pero, además, los escasos profesores especialistas que están en el sistema (muchos han emigrado a otros sectores económicos), tienden, como es lógico, a contratarse en los establecimientos que los pueden remunerar de manera competitiva, y estos son por los general, los particulares pagados. De esta manera, se concentra el déficit en los establecimientos subvencionados, municipales y particulares.
Siempre queda la duda, además, del aporte que realizan estos profesionales a la calidad de la educación. Se señalan ejemplos puntuales – fundaciones que movilizan profesionales para enseñar en establecimientos de distintos niveles socio-económicos y ejemplos propios de otras culturas – pero hasta el momento nadie tiene un estudio serio al respecto.
Pongamos las cosas en su lugar. El tema que en el fondo se discute no es, en realidad, si otros profesionales pueden hacer clases o no en la educación regular, sino la carencia de profesores con especialidades principalmente en áreas científicas. Lo que en realidad genera esta situación es el nivel remuneracional del profesorado, en particular de los profesores de especialidades en falencia. Dadas las remuneraciones que estos docentes reciben, es lógico que los estudiantes tengan una opción por una carrera más remunerativa, (Ingeniería, Biotecnología, Biología Marina, Química y Farmacia, Bioquímica, etc., ). Es este bajo nivel de reclutamiento que tiene las carreras de pedagogía lo que produce a la larga el déficit mencionado. Lo que se intenta hacer al incorporar a otros profesionales a la actividad docente por lo tanto, es paliar un déficit que tiene su origen en la política de remuneraciones docentes que fija el Estado. Esto se hace no porque ellos sean con seguridad un aporte a la calidad educativa, sino porque no hay otra solución para completar la dotación docente necesaria.
Como principio se debe establecer que quien enseñe en el nivel básico y en el medio de la educación regular, debe tener estudios pedagógicos, porque eso garantiza un desempeño competente. No es, por cierto la única exigencia, ya que otras cuestiones como capacitación y actualización permanente, evaluación docente adecuada y eficaz, que supere la que hoy ha impuesto corporativamente el Colegio, adecuada supervisión en aula, eficiente coordinación técnico-pedagógica, etc. Pero todas estas descansan en la formación superior en pedagogía de los docentes. A mediano plazo, una política de formación de especialistas que tengan el título de profesor, a través de programas universitarios acreditados, puede contribuir a resolver el problema del déficit con profesores especialistas. Programa similarmente acreditados podrían seguir los profesionales que deseen ingresar a la docencia, lo cual reduciría el problema de su falta de capacitación pedagógica.
Por otra parte, lo que no ha aparecido en este debate, es la falta de decisión para resolver definitivamente las materias de remuneraciones. Es insostenible que un profesional que estudia 5 años en una universidad deba percibir una remuneración menor que la que recibe una secretaria o un auxiliar en una empresa de tamaño mediano Se requiere una política definida al respecto. Podrá ser focalizada, a través de bonos o asignaciones especiales que se paguen a los docentes con especialidades en déficit, o general, es decir incremento parejo de remuneraciones para todos los docentes o, finalmente mixta, con elementos de los dos anteriores. Podrá tomarnos años más o años menos, pero no hay ninguna otra solución, porque si se sigue mal remunerando a los profesores, la educación en Chile seguirá siendo precaria y no es lo que queremos.
Por Carlos Anríquez
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