viernes, 20 de marzo de 2009

Presidenciales 2009: Una oportunidad para la transparencia.

Días antes de que se conociera la encuesta CEP, fue Rodrigo Hinzpeter, uno de los hombres de mayor confianza de Sebastián Piñera, quien le dio la señal a Eduardo Frei de que el candidato de la derecha ya lo consideraban su principal oponente en la carrera presidencial. Al cuestionar en una entrevista la “claridad” de las inversiones del senador DC, entró de lleno a un terreno que hasta ahora Piñera había esquivado, eludiendo una explicación clara y definitiva cada vez que era emplazado por el futuro de sus activos.

Más allá de la guerrilla electoral, el que un candidato millonario lidere las encuestas ha provocado que la necesaria transparencia del dinero en la política se imponga en el debate político por primera vez en profundidad. Una materia en la que Chile aún está en deuda.

Si hay un tema al que CIPER dedicó esfuerzo y espacio durante 2008, fue justamente a intentar transparentar lo más posible los patrimonios e intereses de distintas autoridades. Como el campo es demasiado amplio, nos focalizamos especialmente en los alcaldes –por tratarse de un año de elecciones municipales- y en el Senado, una de las pocas instituciones que evitaba darle publicidad a las declaraciones patrimoniales y de intereses de sus integrantes.

La polémica en torno al senador Eduardo Frei, sólo reafirma las conclusiones del trabajo de CIPER.

En una primera etapa, nos dedicamos a copiar a mano en las oficinas del Senado en Valparaíso las declaraciones presentadas por los parlamentarios, pues no fuimos autorizados a obtener fotocopias. Hasta entonces, si usted quería saber qué bienes e intereses tenía el senador de su zona, tenía que viajar hasta allá para conocerla. Un claro obstáculo para la transparencia.

Fue en junio de 2006, durante la gestión de Eduardo Frei en la presidencia del Senado, que entró en vigencia la ley que obliga a las autoridades a entregar estas declaraciones. Aunque la norma establece que son públicas, un fallo del Tribunal Constitucional puntualizó que eso no significaba que debían ser publicadas en algún lugar de libre acceso. Y el Senado decidió seguir fielmente estos lineamientos. De a poco, las instituciones las han ido subiendo a sus páginas web, adelantándose a la ley que entrará en vigencia en abril próximo y que lo hará obligatorio.

El Senado se puso al día recién en noviembre de este año, en una medida aprobada por la comisión de Régimen Interior luego de que CIPER publicara en mayo las copias de las declaraciones. Resultaba evidente para cualquier observador que la información entregada por los senadores no cumplía con el objetivo fijado por ley de prevenir el enriquecimiento ilícito y evitar que legislen en beneficio propio.

Ya que el tema fue puesto en el debate que animan Hinzpeter y Frei, la falta de eficacia de la ley sobre estas declaraciones quedó comprobada fácilmente con el caso del senador y candidato DC: si bien entrega más información que el promedio de sus colegas respecto de los bienes e inversiones que tienen a través de sociedades, de este documento no es posible deducir a cuánto asciende su patrimonio. No se trata de una omisión ilegal, sino que explícitamente la ley deja a voluntad de los declarantes el cuantificar el monto de sus activos, enunciar los bienes que poseen a través de sociedades comerciales y el rubro en que se desempeñan esas sociedades..

En su declaración de patrimonio, Freí sí detalla sus bienes: aun auto Chrysler del 2000 y la sociedad Inversiones Saturno S.A.. Entre los antecedentes voluntarios especifica que esta sociedad es dueña de su casa de calle Baztán, aquella de Hindenburg que fue de su padre, de dos parcelas en Santo Domingo, de dos sitios en Lo Barnechea, otro en Villarrica, una oficina por leasing en Providencia y otros dos autos. Nuevamente Frei entrega más datos que otros senadores, ya que agrega el número de rol de las propiedades, con lo cual puede consultarse el avalúo fiscal (no comercial) en la página web del Servicio de Impuestos Internos. En su declaración de intereses, dice que también tiene inversiones en depósitos a plazo en diversas instituciones financieras (no especifica cuáles).

Pese a los detalles entregados, hasta la actual polémica no era posible siquiera imaginar a cuánto ascendía su patrimonio. Sólo ahora que Frei fue cuestionado por el piñerismo, reveló que oscila entre US$4 y US$ 5 millones, pero no podemos compararlo con aquello que tenía al ingresar al Senado. No se trata de poner en duda la probidad del ex presidente, sino simplemente de dar cuenta de la inoperancia de la legislación en los objetivos que ella misma se fijó. En otras palabras, de los peligrosos vacíos de la actual legislación.

Además, la ley supone que hay que confiar a ciegas en lo declarado por las autoridades. Nadie chequea que el contenido sea verdadero. Y si por casualidad se descubriera que hay un error o falsedad, el Senado no dispone de sanciones para sus miembros, a diferencia de otras autoridades.

Ante esta evidencia, CIPER se abocó comprobar una por una las declaraciones de los senadores, detectando posibles anomalías en los documentos presentados por 30 de los 38 parlamentarios, tales como sociedades no declaradas o tenencia de acciones omitidas. El senador Frei fue uno de los ocho a los cuales no se le encontró inconsistencias.

También intentamos pesquisar si los senadores habían o no votado leyes que afectaran sus intereses, pero nuevamente la norma resultó inoperante, pues no exige a los declarantes precisar el rubro en que tienen invertido su patrimonio (basta con el nombre de la sociedad) y éstos tampoco suelen incluirlo en su declaración de intereses, la que tiene justamente ese objetivo.

Finalmente, cuando en noviembre pasado el Senado subió a su página web las declaraciones, las reprodujo sin corregir los errores revelados un mes antes por CIPER. Sólo tres senadores actualizaron sus datos. Dos de ellos son precandidatos presidenciales.

El senador radical José Antonio Gómez fue el único que actualizó el documento con los datos descubiertos por CIPER, al incluir la sociedad Inmobiliaria GKD S.A., entre otras modificaciones.

Los cambios hechos por el candidato del MAS, Alejandro Navarro, son más sorprendentes. Después de aparecer como el más austero de los parlamentarios, reconoció ahora una casa en Penco, siete autos y un bus. Nuevamente olvidó su ya famosa moto Honda.

La irrupción de Sebastián Piñera como el candidato presidencial con mayor posibilidades de llegar a La Moneda supone un desafío mayor. Si la ley hasta ahora ha sido inoperante frente a patrimonios e intereses relativamente modestos, los cambios legales que se debaten actualmente deben considerar no sólo nuevas figuras como el fideicomiso ciego, sino reglas más transparentes y sanciones más firmes.

Todos estos cuestionamientos partieron luego de que Frei le enrostrara a Piñera su multa por usar información privilegiada como director de Lan. El candidato RN decidió no apelar de la sanción de la Superintendencia de Valores y evitó llegar a la campaña con un juicio en curso, pero a cambio dejó abierto un flanco delicado. Y no es el primero, pues ya en 1997 fue duramente cuestionado cuando tras arremeter contra José Yuraszeck por el caso Chispas, vendió su participación en Enersis a Endesa España.

En esa época Piñera decía haber delegado el manejo de sus negocios a sus asesores y socios, pero como senador no dejó de ser protagonista en sus inversiones, ganándose críticas en sus propias filas:

“Hasta ahora nadie ha criticado, a diferencia de lo ocurrido con Yuraszeck, los aspectos jurídicos o legales de la operación de Piñera (con Endesa España). Pero, en la práctica, la gente dice que obtuvo un arreglo extraordinariamente beneficioso para él, precisamente por ser Piñera un importante senador de la República”, dijo entonces Andrés Allamand, constituyéndose en uno de los principales argumentos para legislar sobre la separación entre los negocios y la política.

Desde entonces sus negocios sólo han crecido y las críticas desde su sector no han cesado. Esta semana el senador UDI Pablo Longueira lo llamó a dar una “señal potente” de que se dedicará al servicio público y advirtió en Radio Zero que si no se deshace de su participación en Lan y Chilevisión, “va a pagar costos muy altos”.

Es obvio que desde que Frei fue presidente y Piñera senador las cosas han cambiado en esta materia. Hay una demanda activa de la opinión pública por mayor transparencia que debe tener respuesta. Más allá de los avances legales, todos los candidatos deberían dar una señal a la ciudadanía de que están abiertos al escrutinio y dar a conocer en detalle sus patrimonios e intereses durante la campaña, así como sus compromisos en cuanto a la administración de sus activos si llegan a La Moneda.

Por Francisca Skoknic – CIPER.
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