Si muchos militantes de las cúpulas han empezado a desafiliarse de los partidos para buscar opciones alternativas para sus proyectos personales, es porque el sistema es demasiado estrecho y no porque quieran cambiarlo. Está clavado y transformado en una foto que se va diluyendo y de la cual la ciudadanía tiende a prescindir más que a cuestionar a estas alturas.La ola de desafiliaciones que afecta a todos los partidos políticos chilenos es un síntoma serio de descomposición política no porque se da, sino por la forma en que ocurre. Indudablemente tendrá un gran impacto en el desarrollo democrático del país, pues la búsqueda afanosa y sin ideas de cupos parlamentarios u opciones presidenciales muestra una visión fragmentada e instrumental de las instituciones democráticas y una baja calidad de la política.
En una democracia la mediación entre ciudadanos y poder político, indispensable para originar gobiernos estables y legítimos, no puede ser hecha por las empresas, las oficinas de lobbystas, la familia o conglomerados de adherentes. Son los partidos políticos, las instituciones encargadas de canalizar la representación de los ciudadanos. Por ello su buen funcionamiento acompaña la existencia de democracias modernas y su falla es un indicativo de riesgo para la democracia.
Da lo mismo que el mal funcionamiento se evidencie por una disputa entre caudillos, una cúpula inescrupulosa que no respeta los modos democráticos internos y opera como una asociación ilegal para esquilmar las libertades o usufructuar del Estado. Cuando ellos entran en crisis, es la sociedad en su conjunto la que está en problemas porque se ha quedado sin uno de sus principales instrumentos para interpelar al poder político y este se queda sin control.
Parte importante de las crisis democráticas que se viven en la región, especialmente en los llamados gobiernos ciudadanos –que gustan de las asambleas y las presidencias fuertes y personalizadas- presentan un debilitamiento notorio o simplemente la inexistencia de un sistema de partidos.
La situación es extrema cuando ellos se tornan incapaces de organizar las propuestas ciudadanas en programas nacionales de acción política. Entonces las democracias empiezan a funcionar con una extrema fragmentación de la representación ciudadana. Y los únicos poderes que se mantienen intactos son el burocrático administrativo que ejerce el gobierno, el económico de los grandes poderes corporativos, y el burocrático militar, en especial en aquellos lugares en que el poder castrense no está enteramente sometido al control civil.
Es verdad que la crisis de los partidos, que se da en todas partes, forma parte de una tendencia global de transformación de la política y sus sistemas de gestión y reproducción. Pero parte importante de los problemas está en su propia incapacidad para construir un programa que de cuenta de los desafíos que les plantea una sociedad más abierta y que exige el control democrático de la generación y ejercicio del poder que ellos exhiben. Sin excepciones y aunque en el pasado, como el caso de Chile y de los partidos democráticos de centro izquierda, hayan debido enfrentar una política de Estado que incluyó el exterminio físico de sus dirigentes. Su función es pública y no escapa a esas reglas estrictas de la publicidad.
En Chile los partidos nunca han sido capaces de estructurar un programa constitucional democrático que les permita existir y autogobernarse de acuerdo a principios y legitimidad democrática. Al contrario, han vivido acomodándose a las normas heredadas de la dictadura, y de escándalo en escándalo cuando se trata de su gobierno interno. Tampoco el imaginario presidencial de la Concertación contempló nunca la existencia de partidos fuertes y modernos. El gobierno los prefirió siempre dóciles, y los dirigentes que los controlaron en su primer momento, los prefirieron clientelares.
Por lo mismo, peca de ingenua o instrumental la demanda de Eugenio Tironi a la presidenta Michelle Bachelet para que transfiera parte de su popularidad a los partidos de su coalición y los ordene y salve del trance duro en que se encuentran. El desorden que tienen es la maduración de una deformación estructural que no pasa por una agenda comunicacional.
Por otra parte, al igual que ocurrió con mayor o menor intensidad en los otros gobiernos de la Concertación, si alguien ayudó al desorden del oficialismo durante estos cuatro años fue el gobierno ciudadano inaugurado por Michelle Bachelet. Incluso más, su modelo de acción política y de popularidad tuvo como base el antagonismo de las cúpulas partidarias. Ella viene desde fuera del sistema de partidos según sus propias palabras.
El sistema de relaciones políticas entre la Concertación y sus gobiernos, extremadamente presidenciales y personalistas, siempre ha sido articulado por personeros y grupos de poder transversales. El actual poder burocrático que exhibe Camilo Escalona al frente del Partido Socialista, inédito hasta ahora, se basa en una relación personalizada hacia la presidencia y que él usa como un poder burocrático antes que político. El candidato oficial de la Concertación ha debido buscar este alero presidencial, que es mucho más y muy diferente al de los partidos de la coalición, por la razón obvia de que no tiene un orden partidario férreo a su lado. Su posible triunfo lo dejará como un líder sin partidos políticos pues su voluntad de competir debió, en primer lugar, doblegarlos a ellos.
Por otra parte, la estructura nacional de los partidos es un mito. Perdida la épica de la lucha antidictatorial o el fantasma de la ingobernabilidad social y el comunismo, quedaron los poderes y los intereses desnudos, sin mucha doctrina.
A la izquierda y derecha del espectro los partidos políticos aparecen más como asociaciones de poderes regionales o locales con una articulación y vocería central. La que es más o menos poderosa según la calidad de la base de poder que administra o la sostiene. Esencialmente la representación económica y empresarial en la derecha y la administración del Estado en la Concertación.
Si muchos militantes de las cúpulas han empezado a desafiliarse de los partidos para buscar opciones alternativas para sus proyectos personales, es porque el sistema es demasiado estrecho y no porque quieran cambiarlo. Está clavado y transformado en una foto que se va diluyendo y de la cual la ciudadanía tiende a prescindir más que a cuestionar a estas alturas.
Ello parece el resultado de una cultura política prevalente donde la gente se va de los partidos para pelear el mismo espacio mezquino sin que nadie en realidad quiera transformar su voluntad política en luchar porque los registros electorales de los partidos sean públicos, que los Tribunales Supremos sean órganos autónomos, probos y transparentes, que el que se robe un voto en una elección partidaria vaya preso, que las finanzas sean públicas, las primarias obligatorias, y un largo etcétera que tiene que ver con los principios de legitimidad que orientan la política. Quien llegue a plantearlo corre el riesgo que le digan fracasado o simplemente lo ignoren.
Por Santiago Escobar – El Mostrador.
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