La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó a Guatemala por violar los derechos fundamentales de las 251 víctimas de la masacre de Las Dos Erres perpetrada por militares entre el 6 y 8 de diciembre de 1982.En esa ocasión un grupo de las fuerzas especiales "kaibil" mataron a 251 habitantes de la comunidad del norteño departamento de Petén, situada a unos 400 kilómetros al norte de la capital guatemalteca.
Entre los muertos hubo 113 niños y el resto eran adultos. Las víctimas fueron golpeadas y ultrajadas antes de ejecutarse la matanza.
El fallo, con fecha 24 de noviembre y publicado el lunes en el sitio web de la Corte, señaló que "la investigación de los hechos no ha sido asumida como un deber propio del Estado y ésta no ha estado dirigida eficazmente a la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y eventual sanción de todos los responsables".
La Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), auspiciada por Naciones Unidas tras la firma de los acuerdos de paz, recopiló testimonios según los cuales los militares mataron a los niños golpeándolos con un mazo de hierro en la cabeza y a otros aventándolos violentamente contra los muros.
Según el informe, a las mujeres embarazadas las golpearon en el vientre o les saltaban encima hasta hacerlas abortar antes de matarlas. Los operación castrense contra los pobladores habría sido ordenada porque informantes del ejército los habrían señalado de simpatizar con una columna guerrillera presente en el área. Los civiles fueron asesinados en diferentes grupos. A los hombres también los mataron de un mazazo o con un disparo en la cabeza.
La CorteIDH determinó que el estado guatemalteco no ha efectuado las acciones necesarias para capturar a 17 militares sospechosos ni colaboró con los tribunales para esclarecer los hechos, ocurridos durante una cruenta civil que dejó más de 200.000 muertos o desaparecidos, la mayoría de los cuales fueron civiles. Las fuerzas armadas han sido señaladas por la CEH y otras entidades de ser las principales responsables de esas muertes.
"Dada la magnitud de la masacre, así como el contexto generalizado de violencia ejercida por el Estado, resulta evidente que éste debe investigar seriamente a todos los presuntos responsables, incluyendo la participación intelectual de altos oficiales y funcionarios estatales, así como la ubicación e identidad de las personas fallecidas", prosiguió la sentencia de la corte regional.
El estado de Guatemala debe pagar 40.000 y 30.000 dólares a dos sobrevivientes de la masacre y 20.000 dólares a cada uno de los 153 familiares de las víctimas en un plazo de un año, según el fallo.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que colaboró con la parte acusadora, instó en un comunicado que Guatemala honre sus compromisos internacionales y cumpla la sentencia para que "las víctimas y sus familiares encuentren justicia después de 28 años de espera".
Cejil también pidió que la investigación avance.
La dirigente de la Asociación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (Famdegua), que también actuó como parte acusadora ante la CorteIDH, Aura Elena Farfán, dijo que espera que el estado cumpla con la setencia.
El vocero presidencial Giuseppe Calvinisti dijo que el presidente Alvaro Colom no haría ningún pronunciamiento porque no ha sido recibida oficialmente una notificación de la sentencia del organismo interamericano.
La CorteIDH es parte de la Organización de los Estados Americanos y sus resoluciones son inapelables y de acatamiento obligatorio para los estados que han reconocido su competencia.
Por The Associated Press – El Nuevo Heraldo.
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