Empleados públicos amenazan con una huelga indefinida.

Alrededor de 400 mil trabajadores participaron en paro de 48 horas.

Los empleados públicos chilenos, que culminaron el miércoles una huelga de 48 horas en demanda de un aumento salarial del 14,5 por ciento, advirtieron que pararán sus labores nuevamente la próxima semana si su petición no es atendida por el Gobierno.

Unos 400.000 trabajadores, agrupados en 15 organizaciones gremiales que incluyen a los profesores y a personal de aduanas, impuestos internos, registro civil y servicios de Salud participaron en la huelga, que terminó con una bulliciosa y pacífica manifestación en la céntrica Plaza Italia, de Santiago.

Según Raúl de La Puente, presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), convocante de la huelga, la adhesión al paro en su segundo día fue superior al del martes y superó el 95 por ciento de los trabajadores públicos del país.

Asimismo, insistió en que una subida salarial del 14,5 por ciento es lo mínimo que necesita el sector para mantener su poder adquisitivo, afectado por una inflación que en octubre se disparó al 9,9 por ciento interanual.

"No estamos dispuestos a asumir los costos de la inflación ni de la crisis, que el ministro de Hacienda (Andrés Velasco) sepa que hoy los funcionarios públicos no vamos a aceptar cualquier porcentaje de ajuste", subrayó el dirigente sindical.

Las organizaciones gremiales confirmaron que mañana y el viernes habrá negociaciones con el Ejecutivo, pero advirtieron de que, de no haber un acuerdo, la movilización se reanudará la próxima semana y que podría ser indefinida.

De la Puente también rechazó la advertencia del Gobierno de que las horas no trabajadas se descontarán de sus sueldos, medida que el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, consideró "un profundo error, pues de ese modo, "el conflicto se agudizará más".

En tanto, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, afirmó que el descuento de las horas no trabajadas a los huelguistas "es solamente el cumplimiento de la ley". "No es justo ni razonable que el fisco le pague a gente que no está cumpliendo con su deber, que está dejando a miles de chilenos sin salud, sin educación, sin poder realizar trámites", sostuvo.

"Los trabajadores fiscales tienen derecho a manifestarse, pero no pueden esperar además ser remunerados por eso", añadió el Pérez Yoma, jefe político del gabinete.

Fuente: Diario Hispano Chileno.
.