Desde el año 2005, hemos sido varios los que en esta tribuna hemos demandado una nueva Constitución señalando que a pesar de la última reforma – y más allá de las voluntades declaradas-, ésta no ha dejado de ser la carta fundamental de Augusto Pinochet.
La nueva Constitución -urgencia democrática a veinte años de la derrota de la dictadura y que hacen suya los presidenciables de la Concertación, con excepción de Lagos- debe enfrentar la naturaleza de la justicia constitucional que nos queremos dar, la tutela judicial efectiva de los derechos humanos y libertades públicas y el régimen de participación democrática.
No se podrá por la vía de control de constitucionalidad, modificar la voluntad popular expresada en el debate legislativo. La experiencia comparada nos enseña que el control de constitucionalidad, sea entregado a un órgano autónomo como nuestro Tribunal Constitucional o, a través del control difuso de constitucionalidad, como en los sistemas del comonn law, tienen como fundamento basal la protección de los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos.
La constitución de Pinochet, contempla un mecanismo de protección de derechos que responden a una visión del mundo alejada del fundamento ético contemporáneo, cual es, la solidaridad. Para los ideólogos del régimen, bastaba establecer un mecanismo de protección directo del derecho de propiedad y un mecanismo de igual entidad que protegiera la actividad empresarial de capitales privados, para dar por satisfecho el catálogo de derechos humanos y su protección.
Para decirlo de modo directo, hoy los chilenos y chilenas tienen garantizado el derecho de elegir que tipo de educación recibirán sus hijos, si se integran al sistema de salud público o privado o a cual AFP destinarán sus ahorros. Pero carecen de herramientas para demandar del Estado una educación para sus hijos, salud para los mismos o la garantía de una pensión de vejez.
La nueva constitución, la del Bicentenario, deberá ser generada como consecuencia de un constituyente genuinamente democrático y deberá resolver un mecanismo de tutela judicial efectiva que nos entregue a los ciudadanos herramientas reales para requerir la satisfacción en la prestación de aquellos derechos ofertados, que apuntan precisamente a una sociedad más respetuosa con aquellos que la integran.
Después de 20 años del triunfo del No, no existen argumentos razonables para la exclusión política de actores importantes en la vida nacional, cuya votación -a pesar de la marginación- se empina muchas veces por sobre el 5% de los sufragios. La constitución de Pinochet consagró la exclusión, pretendió uniformar las ideas, debilitar las organizaciones sociales y sus medios de expresión.
Constituye un imperativo moral avanzar en la construcción de un Pacto Social, inclusivo, respetuoso de los derechos fundamentales y las libertades públicas y tolerante de nuestra diversidad étnica y cultural.
Por Luís Correa Bluas es abogado.
Gentileza: Asamblea Constituyente.
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