Santiago, 25 de Abril de 2008.
Señores y Señoras
Camaradas del Consejo Nacional y Camarada Mario Soto Sánchez
Subsecretario Nacional Partido Demócrata Cristiano
Presente
De mi más alta consideración:
En el día de ayer y con motivo de la citación que se ha efectuado para el próximo Consejo Nacional que se efectuará el 28 de Abril de 2008, estimé prudente poner en conocimiento de ustedes mi opinión que resume lo que muchos y muchas militantes y simpatizantes del Partido Demócrata Cristiano están pensando.
Me permito en esta oportunidad hacer algunas correcciones y adiciones a la carta enviada en el día de ayer, en el sentido que paso a expresar.
A diferencia de Ricardo Lagos, cuya campaña ya se inició y a la cual han adherido diversos miembros del Partido Demócrata Cristiano, y que en su discurso de proclamación habló de una sociedad de garantías para el Bicentenario, lo que necesita Chile es una sociedad de responsabilidades y deberes asumidos por todos y especialmente por sus más altas autoridades.
Lamentablemente la tesis central de la defensa de la ex Ministro Provoste, y que fue asumida por la Mesa Directiva del Partido, da una peligrosa señal:
Los Ministros de Estado sólo responderían constitucionalmente en el evento de negarse a firmar un Decreto o Reglamento expedido por el Presidente de la República o si en el ejercicio de sus funciones cometen delitos graves como de traición y otros. De abrirse paso tal errónea teoría en las cúspides del poder, significaría consagrar la irresponsabilidad de los Ministros de Estado lo que por cierto se encuentra en las antípodas de un régimen Republicano Democrático de Gobierno que por esencia descansa en un principio de responsabilidad.
Si las autoridades superiores argumentan tal irresponsabilidad, en definitiva el rigor de la ley siempre terminaría por hacerse efectivo sólo sobre funcionarios de rango inferior y el principio de autoridad se vería seriamente dañado y la democracia misma entraría en un proceso de corrupción. Los desgraciados hechos que llevaron a la destitución de una Ministra de Estado –el caos completo en un Ministerio-, y la resolución del Senado que dispuso su destitución y que deberá ser cumplida en todas sus consecuencias, deberían al mismo tiempo hacer reflexionar a los Partidos de la Concertación y especialmente a la Democracia Cristiana: la mayoría en el Parlamento se perdió porque caprichosamente no se supo asumir la crisis de las políticas públicas del Transantiago y se prefirió el cómodo camino de expulsar a un destacado ex Presidente Nacional del Partido que obedeciendo la voz de su conciencia llamó a emprender correcciones de fondo. Su voz no fue escuchada. Pudo más la pasión, se prefirió perder la mayoría en el Senado, sin asumir ninguno de sus efectos y menos hacerse responsable de ello. Y más tarde se optó por alentar o incentivar la renuncia de los Diputados, tal como si fuera un tema de ninguna importancia. El entendimiento y el diálogo fueron sustituidos por el conflicto y la confrontación.
En política los errores se pagan. Ni los gritos destemplados de un Senador, ni las campañas mediáticas podrán acallar la voz de la ciudadanía que reclama correcciones de fondo. Si éstas no se hacen la rueda de la historia girará ineludiblemente y se producirá un cambio político de envergadura en el país; hoy ya se está caminado en esa dirección y son los propios partidos de la concertación, sus dirigentes y autoridades los que están haciendo todo lo necesario para que se produzca el referido cambio en la rueda del destino político. A mi juicio el Partido Demócrata Cristiano está siguiendo una política totalmente equivocada y está siendo conducido a un desastre electoral. Se habla que en la próxima Junta se proclamará a la Camarada Presidenta como candidata a la Presidencia de la República. Desgraciadamente las encuestas a las que tanto tributo se ha rendido señalan una curva descendente y hay noticias preocupantes en el sentido de que en el comando de Ricardo Lagos participan del alguna manera militantes del Partido Demócrata Cristiano, que aparentan sostener la candidatura de la Honorable Senadora Soledad Alvear. Todo ello es grave porque vemos que no hay ánimo o propósito de rectificación de ninguna especie. Los acuerdos del Congreso del Partido no se han llevado a la práctica en materias sustanciales. Se ha olvidado completamente que en materias económicas y sociales se acordó claramente un cambio de orientación. Nada de ello se ha insinuado ni se ha pretendido llevar a cabo por la directiva Nacional del Partido. Existía el compromiso y obligación de editar y publicar los acuerdos del Congreso, difundirlos masivamente y ponerlos en aplicación. Nada de ello se ha hecho. Más aún, se ha actuado en contra de tales acuerdos, como sucedió en materia educacional, previsional y bancaria, ya que nuestros parlamentarios votaron proyectos relacionados con la intervención de los bancos en materia previsional, en sentido inverso al acordado en el Congreso del Partido. En este último se estudió a fondo el funcionamiento del Estado y se propusieron cambios y reformas significativas. Nada de ello se ha propuesto realizar y en su lugar, una autoridad del Gobierno, ha propuesto algo denominado así como “una revolución en el Estado”, revolución que en el fondo es un simple traslado de fórmulas de administración privada al manejo de la cosa pública, olvidando que la crisis del Estado chileno es estructural. No se trata de crear gerencias públicas ni menos de transformar al Estado en una empresa privada. Se ha improvisado en esta materia y no se ha recogido todo lo realizado en las diversas jornadas que se desarrollaron durante el Congreso del Partido. La Concertación es una combinación política que hoy poco o nada ofrece al país, pero que limita en grado extremo, constriñe y restringe el desarrollo de los principios y valores del Partido Demócrata Cristiano. La entropía, la tendencia a pasar de lo heterogéneo a lo homogéneo, de lo ordenado a lo desordenado, como en física, en política es la muerte térmica. A diario se conocen irregularidades y conductas desviadas que, lejos de representar hechos aislados, demuestran la presencia de prácticas aprendidas. Las conductas desviadas se aprenden en asociaciones. Los episodios de las frambruesas, la jefatura de la escolta presidencial, el tema de los empleos brujos, el desvío de dineros a campañas políticas, el desafortunado caso de Quilicura, la contratación por servicios públicos de secretarias de presidentes de partidos de la Concertación, los conflictos de los subcontratistas, las erróneas políticas de Codelco, y mucho más no sólo provocan el rechazo de la opinión pública, sino que siembran el desaliento en el país que se desafecta completamente del mundo político. En las valoraciones de la ciudadanía los políticos y las políticas se hallan en el nivel más bajo. El norte se ha perdido completamente. El servicio público no puede ser usado para favorecer a la familia, a la cónyuge, a la ex pareja, al hermano, al primo, al sobrino o al socio, o a la sociedad conyugal.
El servicio público reclama y exige vocación.
La gran reforma del Estado sólo se producirá cuando se entienda que el gran objetivo es el bien común, el bienestar de la comunidad toda, y no los intereses particulares de quienes se han enquistado en el aparato del Estado, ocupando uno y otro cargo, de distinta especie y naturaleza. Los mismos equipos que entraron a la administración del Estado el 11 de Marzo de 1990, permanecen en la actualidad, con la única variante que han rotado de un cargo a otro, estableciendo una burocracia estatal con la cual los Partidos de la Concertación se confunden. Las crisis políticas de los partidos en otros lugares, y el término de colectividades políticas se ha debido precisamente a la razón precedente. Cuando los partidos se confunden con el Estado, los partidos terminan. Esto ya lo decía el gran político David Ben Gurión. El país ha contemplado con asombro que en una audiencia pública de formalización efectuada en un Tribunal de Garantía, uno de los formalizados, concurrió asistido por el Secretario del Tribunal Supremo del Partido Demócrata Cristiano. Lo anterior podría carecer de toda importancia si ello no se diera dentro del contexto de los hechos acontecidos durante el año pasado. Ante el Tribunal Supremo se planteó el tema de la corrupción que afectaba a nuestra sociedad –así lo expresó mi defendido y muy estimado amigo, Honorable Senador Adolfo Zaldívar Larraín-, quien hizo mención al tema de EFE.
Hoy nos enteramos a través de los medios de comunicación, que el Secretario del Tribunal Supremo del Partido, que concurrió con su voto a la injusta sentencia de expulsión, aparece formando parte del entorno que asiste a una de las personas formalizadas, lo que nos confirma en nuestro más completo convencimiento que el Tribunal Supremo el año pasado actuó careciendo de la más mínima imparcialidad e independencia. Voy directamente a la materia que me preocupa en el inmediato y que afecta ala democracia interna del Partido:
Creo que es necesario remover a todos los miembros del Tribunal Supremo y proponer que la próxima Junta Nacional, constituida en Consejo General de acuerdo con la Ley de Partidos Políticos, designe un nuevo Tribunal Supremo que ofrezca garantías de imparcialidad e independencia. Para ello será necesario establecer causales expresas de implicancias y recusaciones. No es posible que en uno de los Consejos Nacionales efectuados en el año recién pasado, el camarada Carlos Figueroa haya expresado que él se encontraría capacitado para conocer de las materias que podrían afectar a su amigo don Luis Ajenjo. En dicha reunión del Consejo escuché con verdadera consternación semejante afirmación ya que es evidente que el vínculo de amistad inhabilita para participar en un tribunal que va a conocer de una contienda relacionada con un amigo. El Consejo Nacional debe dar una señal poderosa a la comunidad nacional y adherir a mi proposición para los efectos que en la próxima Junta Nacional, reformando si fuere necesario los Estatutos del Partido se remueva a la totalidad de los miembros del Tribunal Supremo. Creo que llegó la hora de defender no las posiciones de poder en el Gobierno o en el Parlamento, sino que de defender los principios y valores que dieron origen al Partido Demócrata Cristiano y a la Falange Nacional. Dichos principios y valores deben ser rescatados para que no perezcan en la vorágine política que todo lo define por el poder y en torno al poder. El Social Cristianismo que llevó a la fundación del movimiento nacional y popular Demócrata Cristiano se desarrolló porque puso el acento siempre en los valores y no en el tema del poder. El clima de beligerancia denunciado por la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, es real y efectivo. La beligerancia verbal, y el encono y agresividad oral no lo practican otros. Son las autoridades superiores del Estado que usan, en mi opinión, un lenguaje muy inadecuado y agresivo. Así se siembras vientos y se terminará por cosechar tempestades. Las descalificaciones políticas de personas determinadas, la insinuación, comentada en diversos círculos, que habría que emprender políticas o acciones respecto de determinadas personas, representan un extravío completo, ya que hechos muy dolorosos en el pasado, fueron precedidos precisamente de tal clima político. Hay que escuchar la voz Conferencia Episcopal y trabajar en la dirección que ésta señala, que es la correcta, y no dejarse guiar por odiosidades e inquinas personales.
Estimados camaradas estamos viviendo una crisis política muy profunda que daña al país. El crecimiento económico, que durante los últimos 15 años ha sido extraordinariamente bajo, sólo se podrá modificar y sólo podrá el país crecer a tasas de un 6 o 7% en un ambiente de credibilidad y de confianza política. La crisis de los partidos políticos daña a la comunidad nacional. En nuestro partido siempre se recuerda la frase de Radomiro Tomic que nadie es más grande que el Partido. Yo discrepo de la errada interpretación que se hace de ella. Siempre está en primer lugar el país, el bien común, los intereses generales de la colectividad; así Radomiro Tomic entendió su advertencia, nadie era más grande que el Partido, porque todos debíamos trabajar buscando el bien común y no el interés personal. El Partido no se puede confundir con el Estado y los intereses partidarios no pueden ser superiores a los de la ciudadanía, por eso nos ha molestado y dolido profundamente que para un evento meramente político, se hayan usado a niños, a menores de edad, en Quilicura, bajo el pretexto, no probado de que sus padres habían autorizado su concurrencia al acto en cuestión. Los niños son el presente y el futuro y deben ser respetados y bajo ninguna circunstancia y por ninguna razón se les puede incorporar a las luchas y debates políticos. Se ha cometido un grave error político, y el país espera una explicación. La política de la avestruz, a nada conduce. La Convención Internacional obre los Derechos del Niño no fue respetada.
Cordialmente,
Hernán Bosselin Correa
Consejero Nacional
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