INFORME PRELIMINAR
Comisión Nº 23 “Empleo, Trabajadores, Empresarios y Gobierno”
Congreso Ideológico Partido Demócrata Cristiano 2007
Bases para un Modelo Democrático de Relaciones Laborales
“El mundo moderno padece de falta de justicia, y esta carencia está tramando una gran revolución. El Señor nos pide tener justicia con hambre y sed; es decir con pasión rabiosa. Debemos conocer la verdad para saber arriesgarnos.”
San Alberto Hurtado
Antecedentes
1. La Democracia Cristiana ha sido a lo largo de la historia política de Chile del último siglo un agente promotor de transformaciones sociales destinadas a construir una sociedad más justa y solidaria. La visión de una comunidad nacional libre, desarrollada y fraterna ha sido el estímulo movilizador de nuestro proyecto político en donde todos, mujeres y hombres de la DC, han encontrado su vocación de servicio hacia los demás.
2. El trabajo humano es el centro de la economía. El trabajo humano es el principal y más complejo de los ámbitos en donde una sociedad describe su madurez democrática. Es aquí donde se fraguan las relaciones laborales y productivas que inciden sobre la calidad de vida de las personas y posibilitan el crecimiento económico. Es por ello que los vínculos entre trabajadores y empleadores son tan importantes para nuestra reflexión valórica y estratégica.
3. El partido, como fuerza progresista y libertaria, ha de liderar el debate, la formulación y la concreción de las iniciativas conducentes a crear y profundizar el modelo democrático de relaciones laborales que hoy el país requiere. Esta tarea es urgente y prioritaria en nuestro trazado ideológico y representa una deuda pendiente que tenemos con los trabajadores del país, especialmente los más pobres.
4. Es aquí donde la democracia cristiana ha de convocar al país a una reflexión conducente a generar un nuevo acuerdo constitucional que propenda a la consagración de un Estado Social y Democrático de Derecho y que consagre como derecho constitucional el “derecho al trabajo”.
5. La enorme e indignante desigualdad distributiva que exhibe nuestra patria es el resultado de la aplicación de un modelo económico que genera crecientes niveles de exclusión social y económica y que, en lo sustantivo, no ha sido corregido por los gobiernos de la Concertación. Surge aquí un imperativo moral de primer orden que emplaza a las fuerzas políticas progresistas a adoptar las medidas destinadas a provocar los cambios necesarios. En esta línea, agradecemos la permanente intervención de la Iglesia Católica quien ha ayudado a evidenciar los problemas de justicia social que existen en nuestra realidad.
6. Los instrumentos y propuestas que se hagan en esta materia son diversos, pero ninguna mirada podría negar la importancia de una adecuada política laboral. Una que subordine el modelo económico a la satisfacción de las necesidades de las grandes mayorías y colabore a la generación de los equilibrios entre capital y trabajo. Una política laboral que contemple dentro de ella mecanismos de negociación colectiva expeditos y diálogo laboral abierto y colaborativo.
7. Para acometer esta tarea es necesario superar los mitos que sindican a la legislación laboral como responsable de efectos negativos sobre el empleo. En efecto, la interesada teoría acerca de que menos regulación legal estimula la contratación, ha sido categóricamente desmentida por la realidad, tanto en países desarrollados como en nuestra América Latina. Tampoco existe ninguna muestra sobre la cual basar la idea que bajos salarios estimulen el empleo.
8. En esas condiciones, nos queda no sólo recuperar derechos perdidos, sino que también adentrarse en una institucionalidad laboral, acorde con los fundamentos de la sociedad a la cual aspiramos que nos permita delinear un “Modelo Democrático de Relaciones Laborales.”
Las agendas del Modelo Democrático de Relaciones Laborales
La agenda Político Sindical
a. La Negociación Colectiva
9. La Negociación Colectiva debe ser la forma más democrática y eficaz de avanzar en equidad y justicia social al interior de las empresas y en el conjunto de la sociedad. La inequidad distributiva que hoy presenta nuestro país se explica en parte importante por el no ejercicio del derecho fundamental a la negociación colectiva que en la actualidad alcanza al 10,3% de los trabajadores del país.
10. Es urgentemente necesario terminar con los mecanismos de la actual legislación laboral diseñados en la dictadura que buscaron desarticular la expresión corporativa de los trabajadores debilitando sus organizaciones y mecanismos de concertación productiva.
11. Afirmamos que la Negociación Colectiva debe ser desarrollada por las organizaciones sindicales (sindicatos de todo tipo, las federaciones, las confederaciones y centrales).
12. Por otra parte, la Negociación Colectiva debe ampliarse, posibilitando negociar más allá de los marcos de la empresa, es decir, a nivel sectorial, por categorías de trabajadores, por ramas productivas o grupo de empresas. Esta modalidad negociadora no reemplaza, sino que complementa, la negociación por empresas en donde cada organización podrá mejorar los estándares conquistados en el nivel superior. Asimismo, toda negociación colectiva debe tomar en cuenta la realidad diferenciada de las micro y pequeñas empresas.
13. Es esencial garantizar, junto al derecho al trabajo, constitucional y legalmente el derecho efectivo a la huelga, eliminando todo obstáculo que impida el libre ejercicio de la misma, tal como la posibilidad de reemplazar a los trabajadores en huelga.
14. El Estado debe propender a la ampliación de los modelos alternativos de solución de los conflictos colectivos, la mediación y el arbitraje.
15. Finalmente, es central dotar de mecanismos de negociación colectiva a los trabajadores del sector público del país. A estas alturas de nuestro proceso de democratización resulta inexplicable la discriminación que sufren estos funcionarios al carecer de procedimientos de concertación con el Estado empleador, derecho a huelga, mecanismos de solución de controversias y de normas que sancione las practicas desleales y antisindicales.
b. La Sindicalización
16. Seguramente muchas de las cosas que se demandan del empresariado o de la autoridad pudieran ser acometidas por las propias organizaciones sindicales si ellas tuvieran un marco regulatorio apropiado para fortalecerse y encarar los cambios sociales que Chile demanda.
17. La eliminación de la prohibición de asumir cargos políticos de los dirigentes sindicales es una clara muestra de la discriminación establecida en contra de los trabajadores y no podemos demorar más la corrección.
18. Los trabajadores y sus organizaciones deben ser los protagonistas principales para extender y potenciar la Negociación Colectiva. Es la representatividad del sindicato y su legitimidad democrática la que funda sus capacidades de interlocución. Nadie puede representar mejor a los trabajadores que su sindicato.
19. Sin sindicatos fuertes no habrá una real negociación ni diálogo social.
20. Es también necesario avanzar en la “Definición de Empresa”, permitiendo identificar quienes son los verdaderos empleadores en distintas razones sociales y unidades productivas.
21. Las organizaciones de trabajadores requieren de un Estado que promueva y estimule la labor sindical. El Estado debe promover la formación sindical.
22. Creemos necesario la creación de un Instituto de Estudios Laborales para la promoción del trabajo digno.
23. La libertad sindical es el derecho del trabajador a organizarse y actuar sindicalmente y a ejercitarlo sin peligros, limitantes o intromisiones de cualquier tipo que pueden provenir de los propios empresarios o del Estado.
24. Finalmente, no es posible dejar de señalar que el movimiento sindical ha de revisar en forma autónoma su funcionamiento interno, en especial, en aquellos temas propios de la democracia interna, el manejo de recursos y la renovación de cuadros directivos.
25. Las transformaciones anteriores sobre concepto de empresa, negociación colectiva y sindicatos como sujeto único negociador, comprometen a la Democracia Cristiana para impulsar urgentemente la dictación de un nuevo Código del Trabajo antes del Bicentenario.
La agenda Político Pública
a. El Diálogo Social
26. Estrechamente relacionado con el punto anterior, requerimos la instalación tangible del espacio para el diálogo vinculante entre los trabajadores, los empresarios y el Estado. En dicho espacio deberán generarse entendimientos y acuerdos de nivel nacional en materias laborales, económicas y sociales que sean pertinentes, convirtiéndose por ello en una instancia supra-sindical y empresarial de conciliación de intereses y de participación efectiva de los trabajadores.
27. Estimamos, que aquello requiere de niveles de institucionalidad que permitan nuevas formas de entendimiento, acuerdo y pacto social. En ese sentido, debemos promover decididamente la creación del Consejo Económico Social como instrumento de desarrollo del país, mediante una ley orgánica que lo defina y regule, con presupuesto asignado y espacio para la investigación, opinión e iniciativa en temas laborales, económicos y sociales.
b. Modernización de la institucionalidad de protección de los derechos laborales
28. Afirmamos nuestra convicción de que un adecuado ejercicio de los derechos laborales supone una institucionalidad de protección efectiva y acorde a las necesidades de la ciudadanía.
29. Los Servicios Públicos que velan por estos derechos han de contar con la capacidad, recursos y atribuciones necesarias para dicha tarea.
30. Asimismo, la justicia laboral ha de garantizar el debido acceso, la transparencia y la celeridad como pilares fundamentales de una cultura de derechos.
31. Por otra parte, debe garantizarse el derecho a la asistencia judicial gratuita a través del establecimiento de un sistema de defensoría laboral pública.
c. Las Micro y Pequeñas empresas
32. Las políticas públicas necesariamente han de establecer mecanismos de estímulo a la actividad de emprendimiento de las micro y pequeños empleadores. Dado que se trata de un sector sensible de la economía y gran generador de trabajo, los estándares de cumplimiento normativo que se les exigen han de tener en cuenta su situación económica, pero siempre con pleno respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Ello supone la implementación, a través de políticas públicas focalizadas, de mecanismos de apoyo y subsidio a las micro y pequeñas empresas.
d. Más y mejores empleos
33. El Trabajo es un derecho que dignifica a la persona.
34. Debemos hacer que más personas puedan acceder a un empleo decente, especialmente mujeres y jóvenes.
35. Los empleos en general siguen siendo precarios y de baja calidad. Los trabajos temporales van en aumento afectando a más de un millón de trabajadores que viven en la inseguridad de la permanencia de sus puestos de trabajo, la discriminación en los beneficios y la desprotección social. Se hace necesaria un política pública destinada a combatir la informalidad laboral que hoy afecta a cerca de un 20% de los asalariados. La rotación en el empleo y los períodos de cesantía hacen que una cifra inferior al 50% de los afiliados al sistema de AFP cotice mensualmente en sus cuentas individuales, lo que aleja a la mayoría de la posibilidad de jubilar con pensiones dignas.
36. A lo anterior hay que sumar el empleo desprotegido de los trabajadores independientes por cuenta propia y los trabajadores a domicilio. Estas categorías ocupacionales desarrollan sus faenas generalmente por cuenta de empresas mandantes que se las encargan pero sin ninguna ligazón contractual como trabajadores y, por tanto, desprotegidos de todo derecho laboral.
37. Asimismo, se debe potenciar las instancias de capacitación e intermediación laboral para todos los trabajadores, y especialmente a los más vulnerables.
38. Aspiramos a un seguro de desempleo con un pilar solidario efectivo que asegure tasas de reemplazo suficientes y mecanismos reales de protección social que garantice derechos económicos y sociales, y un sistema de intermediación laboral y capacitación al desempleado, con respeto a los derechos laborales adquiridos por los trabajadores tal y como las indemnizaciones por término de contrato.
39. Dentro de los empleos de baja calidad se encuentran aquellos bajo el régimen de subcontratación u otras modalidades, que por su temporalidad, alta rotación, y precarias condiciones de higiene y seguridad se diferencian notablemente de aquellos realizados por los trabajadores directos de las empresas principales. La subcontratación es en muchos casos una práctica empresarial y del Estado que busca desvincularse de las obligaciones con los trabajadores y rebajar los estándares. Hoy este sistema de tercerización del trabajo está presente en el 50,5% de las empresas del país generalizándose con ello el trabajo de mala calidad.
40. En este sentido, la Democracia Cristiana, a través de sus representantes, debe promover el mejoramiento de las condiciones de trabajo de quienes laboran en régimen de subcontratación, así como la fiscalización y sanción drástica de los abusos que se cometen en este ámbito.
41. La mayoría de los salarios de nuestro país constituyen un ingreso precario. El salario mínimo que perciben cerca de un millón de familias chilenas sigue siendo insuficiente para que un hogar supere la línea de la pobreza. Somos promotores y partidarios del “trabajo decente” y acogemos como nuestra la idea de un “salario ético”.
42. Buscamos la consagración del salario justo a nivel constitucional, es decir, la justa retribución por el trabajo, que permitan al trabajador y su familia llevar adelante una vida digna.
e. El estímulo a las buenas prácticas y la sanción al incumplimiento
43. La falta de transparencia y la no publicación de los resultados de controles y procedimientos de organismos públicos sobre las empresas, hacen un severo daño al objetivo de avanzar en la calidad del trabajo. Los empresarios muchas veces se escudan en el anonimato, ya que la información general y no individualizada permite ocultar a los violadores de la ley. Exigimos la publicación periódica de la información del comportamiento empresarial, convirtiendo esta fórmula en un incentivo para los de buen comportamiento y en una sanción social para los que no lo hacen.
44. En este sentido, la Dirección del Trabajo y las AFP debieran publicar regularmente los listados de empresas infractoras a las normas laborales, de salud, medioambientales y provisionales, particularmente las deudoras de imposiciones. En este sentido se debe terminar con la práctica de declarar las cotizaciones provisionales sin proceder a su pago.
45. Demandamos que el Estado incorpore criterios de acreditación o certificación de estándares laborales, para la selección de empresas proveedoras del Estado o con aquellas que contrate o con aquellas receptoras de beneficios públicos. Así se establece un mecanismo administrativo que ayudaría a la promoción y el control social permanente de los derechos propios del orden público laboral.
Agradecimientos al camarada Sr. JORGE CONSALES CARVAJAL
Presidente Frente Nacional de Trabajadores DC.
