El propósito de relegitimar el Estado como actor social debe ir acompañado de algunas revisiones conceptuales, como, por ejemplo, la del papel que cumple la inversión social para sustituir el criterio tradicional del «gasto público». La confusión entre gasto e inversión social ha permitido que los grandes recortes presupuestarios realizados en épocas de ajustes latinoamericanos hayan golpeado a los sectores más pobres de la sociedad en aras de unos «recortes burocráticos» celebrados mediáticamente.
Los recursos que se canalizan hacia la educación a través del pago de profesores y hacia la salud no se pueden considerar «gasto», sino una «inversión» cuyos rendimientos, por difíciles de precisar que resulten, contribuyan a un mejoramiento significativo de las condiciones generales de equidad y productividad en el largo plazo .
Una segunda revisión tiene que ver con el viejo concepto del ofertismo social (la famosa lista de supermercado). La fijación de metas de ampliación cuantitativa de la cobertura —más cupos escolares, más camas en los hospitales, más vivienda en las ciudades— se tiene que acompañar de políticas públicas que aseguren la calidad de la prestación de los servicios y permitan la utilización de ciertos parámetros (no indicadores de mercado) que permitan medir el nivel de eficiencia social de los mismos.
La revisión de conceptos limitados, como, por ejemplo, el de viviendas según construcción de unidades, se tiene que «matizar» con el de «soluciones» habitacionales, que alcance otras formas de asentamientos urbanos, como es la renovación de los centros de las grandes ciudades o, en el caso de las oportunidades escolares, se tienen que distribuir racionalmente en proporción a la población, según necesidad y ubicación geográfica. Los hospitales no pueden seguir siendo presupuestados con el concepto tradicional de camas instaladas, así éstas sean o no utilizadas; se precisa llegar a sistemas donde estas distorsiones conceptuales de lo que es el rol y función del Estado (con mayúscula) no se traduzca en la copia de indicadores que durante décadas no han significado una reducción sustantiva de la desigualdad y un mejoramiento significativo de las condiciones de bienestar de las personas.
Por Martita Canto.
Los recursos que se canalizan hacia la educación a través del pago de profesores y hacia la salud no se pueden considerar «gasto», sino una «inversión» cuyos rendimientos, por difíciles de precisar que resulten, contribuyan a un mejoramiento significativo de las condiciones generales de equidad y productividad en el largo plazo .
Una segunda revisión tiene que ver con el viejo concepto del ofertismo social (la famosa lista de supermercado). La fijación de metas de ampliación cuantitativa de la cobertura —más cupos escolares, más camas en los hospitales, más vivienda en las ciudades— se tiene que acompañar de políticas públicas que aseguren la calidad de la prestación de los servicios y permitan la utilización de ciertos parámetros (no indicadores de mercado) que permitan medir el nivel de eficiencia social de los mismos.
La revisión de conceptos limitados, como, por ejemplo, el de viviendas según construcción de unidades, se tiene que «matizar» con el de «soluciones» habitacionales, que alcance otras formas de asentamientos urbanos, como es la renovación de los centros de las grandes ciudades o, en el caso de las oportunidades escolares, se tienen que distribuir racionalmente en proporción a la población, según necesidad y ubicación geográfica. Los hospitales no pueden seguir siendo presupuestados con el concepto tradicional de camas instaladas, así éstas sean o no utilizadas; se precisa llegar a sistemas donde estas distorsiones conceptuales de lo que es el rol y función del Estado (con mayúscula) no se traduzca en la copia de indicadores que durante décadas no han significado una reducción sustantiva de la desigualdad y un mejoramiento significativo de las condiciones de bienestar de las personas.
Por Martita Canto.
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