Frei gira a la izquierda: intentará recuperar los votos que le quitó ME-O.

La nueva estrategia del comando oficialista, post CEP.

El jueves, por primera vez desde que está en carrera, Eduardo Frei apeló en público a la "centro izquierda". Así reaccionó a los resultados de la encuesta CEP de ese día, en la que apareció cediendo dos puntos, mientras Enríquez-Ominami subía cuatro. A partir de mañana, el senador DC desplegará un renovado plan, que incluye "tomar el control" de la propaganda oficialista y abrirse con todo a los medios.

Jueves 3 de septiembre, 12:09 horas. El nerviosismo cunde en los comandos presidenciales. Carolina Segovia, coordinadora del programa de Opinión Pública del Centro de Estudios Públicos, inicia la esperada conferencia de prensa donde dará a conocer los resultados de la encuesta. A esa misma hora, alguien desde el CEP hace clic y envía a una lista de distribución -en la que figuran algunos ministros y los encargados de los comandos, como Pablo Halpern, en el caso de Eduardo Frei, y Rodrigo Hinzpeter, en el de Sebastián Piñera- el archivo con los resultados completos.

El equipo de Frei tiene a mano las tres minutas comunicacionales preparadas la noche anterior. El discurso que dará el candidato dependerá de cuál de los resultados previstos se concreta.

El más temido era que Marco Enríquez-Ominami creciera a unos 20 puntos en primera vuelta y tuviese un rendimiento similar al de Frei en segunda. Uno intermedio planteaba los mismos 20 puntos en primera, pero un bajo desempeño en segunda.

Los resultados definitivos les hacen respirar más tranquilos. Enríquez-Ominami no llega a 20 puntos (obtuvo 17), aunque tampoco se queda en los 15 que contemplaba el diseño más optimista. Como sea, sí era un alivio que ME-O estuviese muy lejos de Piñera en segunda vuelta.

No golpear a Marco, pero sí socavarlo

No todo es bonanza. Las alarmas también se encienden. La capacidad de ME-O de continuar haciéndole daño a Frei sigue intacta. Los expertos electorales del comando calculan que los 37 puntos de Piñera, los 28 de Frei y los 17 de Enríquez-Ominami en la encuesta debieran tener la siguiente proyección hacia diciembre si las cosas continúan en la ruta actual: 45 puntos para Piñera, 35 para Frei, 15 para ME-O y 5 para el resto de los candidatos.

Eso instala al candidato de la Coalición por el Cambio en La Moneda.

El freísmo define entonces partir ese mismo día en busca de los votos concertacionistas que se fueron a ME-O; es la única manera de tener una segunda vuelta competitiva e incluso triunfal frente al candidato aliancista.

Para esto, la única minuta comunicacional que sirve es la que impone un viraje nítido hacia la la izquierda.

"Necesitamos un muy buen resultado en la primera vuelta. Por eso yo quiero invitar a todos, chilenas y chilenos, que quieren construir futuro como lo estamos haciendo acá, que quieren construir con las fuerzas progresistas, con las fuerzas de centro izquierda, un país mejor, y que, en definitiva, la fuerza del dinero no se imponga sobre la fuerza de la gente de Chile", dijo Frei el jueves. En estas pocas frases concentró las dos principales líneas que seguirá de aquí en adelante su formato de campaña.

1.- Un discurso que tendrá como eje central más y más Estado:

"Tenemos que hacer una campaña sin complejos. Mostrar el programa y sus propuestas con fundamento progresista. El electorado se tiene que dar cuenta de que se ha generado una imagen artificial respecto de Frei. En los ámbitos de la moral, la energía, lo educacional, no conozco ningún otro candidato que haya hecho propuestas más avanzadas y progresistas que él", explica el presidente del Partido Socialista, Camilo Escalona.

En la misma línea, el senador y vicepresidente PPD, Guido Girardi, da un paso más allá. "Frei necesita el apoyo de los jóvenes y de la gente más instruida. La agenda debe ser fortalecer educación pública, nacionalizar el agua, especialistas en los consultorios, garantizar educación de hijos en la educación superior para las clases medias, etc. Vamos a decir, además, que la mayor parte de las cosas que Piñera ofrece no las va a hacer, o porque no las cree o porque no puede hacerlo, pues sus parlamentarios no se lo van a permitir".

2.- No "golpear" a Marco, pero ir por el 6,16% de votos que se llevó.

La idea es tener a Piñera en la mira como su principal blanco, pensando en la segunda vuelta, pero en paralelo intentar recuperar en esta primera vuelta algunos de los votos que Enríquez-Ominami les quitó. Apelarán a ese 6,16% del electorado que se declara de izquierda o centro izquierda y que en la encuesta CEP dice que votará por el candidato independiente.

"Si uno mira los resultados de la encuesta, la centro izquierda aparece teniendo una cantidad de votos bastante mayor que la derecha -afirma el ex ministro y asesor freísta Enrique Correa-. Entonces depende de la inteligencia y la responsabilidad de todos los actores políticos de la centro izquierda que no sea la derecha la que triunfe".

El óptimo para los asesores oficialistas es que ME-O baje a 12 puntos y Frei suba lo suficiente (esperan a 38) para tener una segunda vuelta con posibilidad de quitarle el triunfo a Piñera.

"Lo estratégico es construir en la primera vuelta el triunfo en la segunda. Hay que hacer un llamado directo a los ciudadanos que quieren continuar, profundizar y extender la obra de la Presidenta Bachelet. Aquí nadie puede ni debe perder su voto", asegura Gutenberg Martínez.

Propaganda, medios, actos masivos y página web renovada

Hasta ahí el análisis. En el ámbito práctico, hay proyectos concretos.

Escuchando el llamado a darle énfasis al trabajo territorial, el comando freísta tomará el control de la publicidad en la campaña parlamentaria. Ya están en producción cientos de miles de piezas propagandísticas -dípticos, trípticos, afiches, gigantografías, cuyos costos asumirá el equipo presidencial- donde aparecerá Frei con los candidatos concertacionistas a la Cámara y al Senado. El objetivo: evitar la fuga de fotos de aspirantes al Parlamento con Enríquez-Ominami.

En sus carteles en solitario se intentará mejorar la valoración de los atributos del presidenciable: ingeniero, hombre práctico, clase media, con respuestas programáticas concretas.

"En eso no hay dudas -afirma el presidente del PRSD, José Antonio Gómez-. Lo que vamos a hacer es trabajar con mayor fuerza en la campaña territorial y en el lanzamiento del programa".

Por otro lado, Frei saldrá a la cancha. Con una agenda más mediática, se privilegiarán la televisión (especialmente programas no convencionales) y la radio. Además, este viernes en TVN Pablo Halpern pidió que se realicen por lo menos tres debates televisivos antes de diciembre.

La tercera vía serán los eventos masivos. Al "mujerazo" que el viernes realizó en Peñalolén, se sumarán dos actos el próximo fin de semana en Santiago y Concepción. La idea es dar un "toque de diana" y despertar al "pueblo concertacionista".

Por último, este miércoles Matías Amocain, el asesor presidencial en temas digitales, lanzará un nuevo sitio web, donde se le dará mayor protagonismo a la gente común y corriente.



"Le vamos a ganar a Eduardo Frei; vamos a pasar a la segunda vuelta"

Una nueva guerra de fuerzas -para ganar el pase a la segunda vuelta- se prevé entre los comandos de Frei y de ME-O a partir del 13 de septiembre. En el de Marco Enríquez-Ominami se maneja en reserva una lista de candidatos oficialistas que habrían expresado el compromiso, apenas inscriban su candidatura, de tomarse fotografías publicitarias con ME-O.

"Quien tiene que estar con el sueño perdido es Frei", dice un integrante del equipo del diputado, al descartar que teman al despliegue territorial oficialista, que se verá fortalecido a partir de los próximos días.

El diseño post CEP, de acuerdo a los análisis realizados en el comando "marquista", parte del reconocimiento de que la Concertación intentará frenar a ME-O apelando al "voto útil", estrategia que será contrarrestada con tres ideas: que Frei no le gana a Piñera en segunda vuelta, que Frei no representa el cambio ("es menos de lo mismo"), y que será incapaz de capturar la popularidad de Bachelet.

La decisión es asentar que el crecimiento del 13% al 17% de Enríquez continuará en espiral, ya que no sería su techo.

"Le vamos a ganar a Eduardo Frei. Vamos a pasar a la segunda vuelta; ése es el objetivo", sostiene Max Marambio, jefe político de la campaña.

Enríquez-Ominami recorrerá el país, especialmente los sectores rurales que le son esquivos, y explotará los atributos de presidenciable, especialmente, la sinceridad.

Hay unanimidad en que la planificación no pasa por debilitar a Frei por la vía de la agresividad, pues hay conciencia que ahí el abanderado oficialista se hace fuerte. No obstante, marcarán sin complejos las diferencias, sacándolo al pizarrón por lo que no hizo cuando estuvo en La Moneda.


Piñera evitará la confrontación

No va a adoptar un discurso confrontacional. En el comando de Sebastián Piñera, la decisión es que el abanderado continúe siendo empático y cercano a la gente, estrategia que le permitió subir en atributos y que siga a full en terreno. Como contrapartida, las dirigencias y los parlamentarios serán los que tomen un rol más activo no sólo en la defensa del abanderado, sino que interpelando a ministros y llamando a comisiones investigadoras si es necesario, pues la idea es no dejar pasar señales de corrupción y demostrar que hoy la Concertación es la que no da gobernabilidad.

En la contienda entre Eduardo Frei y Marco Enríquez-Ominami, la determinación es que el abanderado tome palco. A ambos se les ve en una suerte de "primaria" y la recomendación es que Piñera no se desgaste en eso. Menos todavía ante las cifras del CEP que revelan que un 34% de los partidarios de ME-O admiten estar dispuestos a votar por Piñera en un balotaje. Lo anterior no quiere decir que no marque diferencias en temas como el aborto y en su falta de sustento por no tener partido ni parlamentarios.

Estrategas y bases:

"Hay que dejar que ME-O haga su trabajo, porque todo lo que haga bien Marco o Frei, va a ser en contra de Piñera. No tenemos que pelear entre nosotros".

Guido Girardi (PPD)

"La fuerza de los hechos superó la candidatura de ME-O. La disputa real es entre Eduardo Frei y Sebastián Piñera".

Gutenberg Martínez (DC)

"En el propio Marco recae la responsabilidad de lo que viene: él tendrá que decir que no da lo mismo que gane la derecha o la centroizquierda".

Enrique Correa

"Lo que ha debilitado la opción de Frei es la seguidilla de disputas que hemos vivido".

Camilo Escalona (PS)

"No soy partidario de atacar a ME-O, pero sí de tratarlo como un adversario político".

José Antonio Gómez (PRSD)

"Hay un exceso de burocracia.

La campaña es demasiado funcionaria".

Jaime Pavez (PPD) Alcalde de La Pintana

"No hay que hacer estrategias en contra de ME-O; hay que convencerlo para que se baje".

Sady Melo (PS) Alcalde de El Bosque

"No es necesario izquierdizar a Frei porque la ciudadanía sabe su posición y tampoco chasconearlo porque ya tiene una imagen".

Claudio Arriagada (DC) Alcalde de La Granja

"Hay que apuntar al voto blando. No hemos logrado transmitir la nueva oferta Frei".

Gonzalo Navarrete (PPD) Alcalde de Lo Prado

" Siempre las candidaturas de la Concertación han apuntado a la clase media, Frei debe dirigirse a ese sector".

Igor Garafulic (PPD) Intendente RM

"El oponente es Piñera, no ME-O. Hay que desplegar la campaña en terreno".

Ricardo Cifuentes (DC) Intendente IV Región

" Frei debe presentarse como un continuador del gobierno de Bachelet, eso tiene que hacer".

Iván de la Maza (DC) Intendente V Región

Por Equipo Reportajes – Emol.
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MEXICO: México propone impuesto para combatir pobreza, corta gasto.

El presidente mexicano, Felipe Calderón, habla este 8 de septiembre de 2009, durante una cadena nacional desde la Residencia Oficial de Los Pinos en Ciudad de México, en la que anunció la supresión de los ministerios de Turismo, Reforma Agraria y Función Pública, como parte de una estrategia de recorte del gasto público con la que pretende ahorrar unos 6.000 millones de dólares. EFE

El gobierno federal presentó el martes su propuesta económica para 2010 que incluye el incremento de algunos impuestos, la creación de uno nuevo para combatir la pobreza y una importante reducción al gasto público que considera la supresión de tres secretarías de Estado.

El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, informó en rueda de prensa que el proyecto de presupuesto considera una reducción del gasto por 218.000 millones de pesos (unos 16.400 millones de dólares), lo que equivale a un 1,8% del producto interno bruto.

El funcionario dijo que la crisis económica internacional ha afectado particularmente a México, lo cual pone al gobierno frente a una "severa restricción'' de recursos públicos.

Pese al recorte al presupuesto, Carstens dijo que aún quedará un boquete de cerca de 300.000 millones de pesos (unos 22.500 millones de dólares), lo cual hace necesario tomar medidas adicionales en materia tributaria, de ahí la propuesta del nuevo impuesto contra la pobreza que busca gravar con 2% los bienes de consumo.

También se plantea la aplicación o incremento de otros impuestos: de 4% a los servicios de telecomunicaciones como internet, 28% a la cerveza, 30% a juegos y sorteos, así como una cuota de tres pesos (unos 0,22 dólares) por litro a bebidas con graduación alcohólica de más de 20 grados y de 80 centavos de peso (unos 0,06 dólares) por cajetilla de 20 cigarrillos.

Además, el gobierno planteó la elevación temporal de 28% a 30% del impuesto sobre la renta para las personas con mayores ingresos.

El paquete fue entregado al Congreso, donde la oposición tiene mayoría relativa.

"México está ante una encrucijada y de lo que hagamos o dejemos de hacer hoy dependerá, sin exageración, que podamos construir un futuro alentador, promisorio o conformarnos con un panorama frustrante y mediocre'', dijo Carstens.

Mientras algunos pronósticos tanto internos como externos advierten que al cierre de 2009 la economía se contraerá en poco más de 7%, Hacienda estimó que la caída será de 6,8%.

Hacienda proyectó un crecimiento de 3% para el 2010.

En el paquete económico, Carstens dijo que se propone un endeudamiento por 60.000 millones de pesos (unos 4.500 millones de dólares), es decir, un déficit de un 0,5% del PIB.

Propuso un precio de petróleo de 53,9 dólares por barril y una plataforma de producción de 2,5 millones de barriles diarios.

"Esta crisis, desde luego, ha afectado seriamente a México como a la mayoría de los países del orbe, y ha significado una caída más que significativa de la actividad económica'' y, con ella, un descenso de las oportunidades de empleo, así como de los recursos públicos tributarios'', dijo el secretario.

Carstens detalló la propuesta económica que el presidente Felipe Calderón adelantó horas antes y que considera suprimir las secretarías de Turismo, Reforma Agraria y de la Función Pública, como parte de un amplio plan de austeridad con el que busca obtener más recursos para combatir la pobreza.

Las funciones de esas secretarías serán asumidas por otras dependencias, aunque también está sujeto a la aprobación del Congreso.

México, sumido en una de sus peores recesiones y con cerca de la mitad de sus 107 millones de habitantes en la pobreza, es el país que al cierre del 2009 tendrá la mayor contracción económica en América Latina, según los pronósticos de las propias autoridades y organismos internacionales.

Calderón refirió que en el presupuesto se propondrán aumentos significativos a los programas de combate a la pobreza, de hasta 50%.

Fuente: El Nuevo Heraldo.
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BOLIVIA: Siete candidatos disputarán la presidencia a Evo Morales.

Un total de siete candidatos disputarán la Presidencia de Bolivia con el actual titular, Evo Morales, quien intentará conseguir la reelección en los comicios generales del 6 diciembre, en los que serán elegidos los miembros de la futura Asamblea Plurinacional (Senado y Cámara de Diputados) del país. La candidatura de Plan Progreso para Bolivia (PPB), integrada por los ex prefectos Manfred Reyes Villa, aspirante a la Presidencia, y Leopoldo Fernández, a la Vicepresidencia, se perfila como la principal fuerza opositora contra Morales.

Tras expirar la pasada medianoche el plazo para el registro de listas, la Corte Nacional Electoral (CNE) ha recibido ocho candidaturas, entre ellas la del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), encabezada por Morales, que aspira a su primera reelección, y que va a acompañado por su vicepresidente, Álvaro García Linera, para el mismo cargo.

Leopoldo Fernández es el ex prefecto de Pando (norte) que se encuentra en prisión desde hace un año a la espera de juicio por su supuesta responsabilidad en la matanza de campesinos afines al presidente ocurrida el 11 de septiembre de 2008.

Otra de las candidaturas opositoras es la que encabeza el empresario de La Paz Samuel Doria Medina bajo las siglas Alianza por el Consenso y la Unidad Nacional (UN-CP, centro-izquierda), cuyo aspirante a la vicepresidencia es Gabriel Helbing, un ex dirigente sindical de Santa Cruz (este).

También es candidato el izquierdista alcalde de la ciudad andina de Potosí, René Joaquino, por la agrupación Alianza Social, cuyo compañero de fórmula es el pastor evangélico Charles Suárez.

El resto de las siglas electorales son "Gente" cuyo aspirante a la Presidencia es el disidente oficialista Román Loayza; "Pulso" encabezada por el dirigente campesino Alejo Véliz; Movimiento de Unidad Social Patriótica (MUSPA), liderado por Ana María Flores, y "Bolivia Social Demócrata" cuyo número uno es el ex fiscal anticorrupción Rime Choquehuanca.

Los líderes de estas formaciones entregaron sus listas ante la CNE poco antes de expirar el plazo para el registro de candidaturas y en medio de una concentración de movimientos afines al oficialismo ante las puertas de la sede del organismo electoral.

Varios de los concentrados increparon al candidato opositor Manfred Reyes Villa, al que llegaron a arrojar objetos y botellas, lo que causó heridas en una ceja a uno de sus acompañantes, según mostraron los canales de televisión.

Fuente: Información y Análisis América Latina.
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JAPON: La Michelle Obama del Sol Naciente.

Sin esperar el nombramiento oficial de Miyuki Hatoyama como primer ministro de Japón, la prensa ya se apasionó con su esposa, Miyuki, de 66 años, que, a diferencia de su marido, aparece siempre sonriente y relajada ante las cámaras.

Elegante y llena de encanto, participa frecuentemente en programas de televisión para dar consejos culinarios, de vestimenta o de decoración.

Autora de varios libros de cocina sobre ``la alimentación espiritual'' o las recetas macrobióticas de Hawai, también se ocupa del vestuario de su marido, al que peina cada mañana.

``Mi marido es un hombre común en la vida diaria'', contó en una reciente entrevista. ``Me encanta cocinar, pero después del desayuno o la cena, se levanta y va a la cocina en donde se obstina en lavar los platos'', confesó.

Miyuki, que vivió una decena de años en Estados Unidos, se declaró impaciente de conocer a la primera dama estadounidense, Michelle Obama.

``Es tan natural y tiene una sensibilidad tan cercana a la mía. Si tengo la posibilidad, estaré muy contenta de conocerla'', indicó.

Nacida en Shanghai en 1943 cuando Japón ocupaba una parte de China, Hatoyama creció en la gran ciudad portuaria de Kobe (oeste de Japón).

Durante la década de los años 60 formó parte de la compañía de teatro japonesa Takarazuka, en donde todos los roles son interpretados por mujeres, antes de abandonar las tablas para partir hacia Estados Unidos.

Divorciada, Miyuki se casó en segundas nupcias con Yukio Hatoyama en 1975, al que conoció en California cuando el futuro jefe de gobierno japonés estudiaba en la Universidad de Stanford.

Tienen un hijo, Kiichiro, ingeniero de 33 años, que actualmente es investigador en Moscú. (AFP)

Fuente: El Nuevo Heraldo.
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En masivo "Mujerazo" Frei plantea tema del aborto terapéutico.

¡Estamos de pie y con más fuerza que nunca!, aseguró el candidato presidencial de la Concertación, Eduardo Frei, durante un masivo “mujerazo” realizado en Peñalolén.

El abanderado del bloque de Gobierno llegó junto a su esposa, Martita Larraechea, al Centro Cultural “Chimkowe”, donde se dieron cita cerca de 2 mil 500 mujeres, ante las cuales aseguró que en su futura administración no habrá ni un paso atrás en las políticas de género impulsadas por la Presidenta Bachelet.

En una enérgica arenga para el trabajo de campaña, Frei se refirió a los resultados de la encuesta CEP para enfatizar que la candidatura de la Concertación está más fuerte que nunca.

En su discurso, Frei se refirió especialmente al debate sobre el aborto terapéutico, asegurando que lo primero que se debe hacer es prevenirlo con educación sexual y anticoncepción eficaz y sin temores.

Sin embargo, apuntó que tiene la responsabilidad de acoger el debate para legislar sobre el aborto terapéutico, más allá de su criterio personal y religión.

Minutos antes, la Senadora democratacristiana, Soledad Alvear, destacó la credibilidad y confianza que proyecta su camarada candidato a la presidencia.

La actividad contó con la animación del actor Héctor Noguera, y con la participación en el escenario de los voceros de la campaña, Paula Narváez y Sebastián Bowen, quienes se encargaron de preparar el ambiente de fiesta.

Asistieron las candidatas a parlamentarias de la Concertación, y como espectadoras estuvieron también las Ministras Carolina Tohá, Laura Albornoz, Claudia Serrano y Romy Schmidt, así como también las hijas del abanderado presidencial y su hermana, la ex Senadora Carmen Frei.

Tras los discursos se desató la música y el baile con la presentación del cantante argentino, Antonio Ríos.

Fuente: Prensa Eduardo Frei Ruiz –Tagle.
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VENEZUELA: Marchas fuera y dentro del país contra Chávez.

Miles de afectos y de opositores al presidente venezolano, Hugo Chávez, marcharon por dos sectores de Caracas para expresar su apoyo y repudio, respectivamente, a la "revolución" bolivariana instalada en Venezuela hace una década. Con respecto a la convocatoria mundial, bajo el lema "No más Chávez", las mayores manifestaciones tuvieron lugar en Colombia, Honduras y la ciudad estadounidense de Miami.

Miles de afectos y de opositores al presidente venezolano, Hugo Chávez, marcharon nuevamente por dos sectores de Caracas para expresar su apoyo y repudio, respectivamente, a la "revolución" bolivariana instalada en Venezuela hace una década.

En la Fiscalía, miembros de la Mesa de la Unidad Democrática, integrada por once partidos opositores, entregaron a un funcionario de seguridad del edificio, a falta de otra persona, un documento en rechazo a la supuesta política de persecución a la disidencia por parte del Gobierno y las instituciones públicas que lo secundan, según los denunciantes.

"Hemos llegado a las puertas de la Fiscalía y demostramos que en nuestro ánimo no existe el espíritu de la confrontación (...) ha sido una procesión de fe (...) para pedir que cese la persecución contra los que pensamos diferente" al Gobierno, declaró en una tarima el alcalde Mayor de Caracas, Antonio Ledezma.

Por su parte y bajo el lema bajo "Venezuela zona de paz", miles de afectos a Chávez, ataviados de rojo, el color de la "revolución", recorrieron al ritmo de la música buena parte del oeste caraqueño y finalizaron ante la sede de la Cancillería, en el casco central. En contacto telefónico desde Irán, donde cumple una visita oficial, Chávez felicitó a sus seguidores congregados a las puertas de la Cancillería "por seguir derrotando la conspiración contra la patria".

La movilización oficialista del sábado se enmarcó en la jornada mundial "En pie de paz", lanzada en Caracas y en "50 países" para enfrentar la política "guerrerista" de Estados Unidos hacia Latinoamérica, según sus organizadores. El presidente venezolano afirmó que la jornada mundial en su contra fue un "fracaso" y sostuvo que detrás de esa iniciativa está la Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA.
Las principales marchas, bajo el lema "No más Chávez" y con sus participantes vistiendo camisetas blancas, tuvieron lugar en Colombia, Honduras y la ciudad estadounidense de Miami, con varios miles de participantes, mientras que en Caracas los actos a favor y en contra del gobernante convocaron a varios cientos de personas.

Otras ciudades de todo el mundo, como Nueva York, Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Santiago de Chile, Panamá, Quito, La Paz, París o Berlín fueron escenario de actos en contra del mandatario venezolano, aunque en ningún caso lograron superar los 200 asistentes.

Fuente: Infolatam.
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La viciada democracia de Chávez.

Venezuela registra la más alta inflación del continente, escasez de alimentos, un presupuesto deficitario, basado en 60 dólares el barril, y una persistente polarización social. Pese a todo, siguiendo con su trayectoria de arbitrariedades, Hugo Chávez insiste en incrementar su autoritarismo para mantenerse en el poder.

En las últimas semanas ordenó intervenir industrias y fincas; intervino puertos y aeropuertos bajo la jurisdicción de alcaldes y gobernadores elegidos por la oposición, y anunció que llevará adelante una variedad de polémicos proyectos de ley, todos apuntados a consolidar su agenda socialista del siglo XXI.

Simultáneamente, en política internacional, ofreció a Rusia una base para bombarderos estratégicos; rechazó las condenas de la Sociedad Interamericana de Prensa por el hostigamiento a periodistas y a los medios de comunicación, y reiteró su rebeldía a las sentencias de la Comisión Interamericana de DD.HH. a favor del personal, propietarios y directivos de RCTV y Globovisión.

Por años, Chávez ha pretendido justificar sus arbitrariedades en supuestas conspiraciones internas y de Estados Unidos. Antes adujo que se requería concentrar el poder para dar gobernabilidad a Venezuela, a su juicio amagada por la corrupción de sus predecesores y opositores. Ahora intenta refugiarse en la crisis financiera internacional para estatizar empresas privadas, con la excusa de garantizar la producción y entrega de alimentos. En sucesivas elecciones y plebiscitos ha abusado del poder para intervenir en sus resultados. Permanentemente ha defendido la legitimidad de su gobierno, invocando su origen democrático y las votaciones que le han permitido aprobar la Constitución, reelegirse indefinidamente y lograr una amplia mayoría en la Asamblea Legislativa, que le ha delegado amplísimas facultades para controlar personalmente los demás poderes públicos, la justicia, las fuerzas armadas, la industria petrolera -principal actividad del país- y reducir la actividad económica privada.

Los procedimientos del Presidente venezolano son muy similares a los de gobernantes totalitarios, como los hermanos Castro en Cuba. A ellos la comunidad internacional les desconoce legitimidad democrática, pero pocos gobiernos cuestionan la inobservancia por Chávez de las reglas del Estado de Derecho, y ninguno las de la democracia.

Esta dicotomía proviene de afinidades ideológicas, conveniencias, dependencias y, en la mayor parte de los casos, de la simple indiferencia o la debatible creencia de que la exclusión y las denuncias favorecen la radicalización del proceso.

La confusión de nuestra región es que ha circunscrito el concepto democrático a la forma de acceso al poder y a las votaciones, esto es, la democracia de origen -también discutible en el caso de Chávez, por su recurrente intervencionismo, tras su primera elección.

Pero la democracia no se agota en su origen, sino que requiere del ejercicio democrático, que supone respeto a las minorías y un Estado de Derecho efectivo. Sin esos componentes, puede sostenerse que se trata de una democracia viciada.

La intervención foránea en los asuntos internos de otro Estado se contrapone al derecho internacional, une a la población, fortalece a los gobernantes y debilita a la disidencia. De allí la inconveniencia de los embargos y medidas aislacionistas. Pero hay otras opciones eficientes, como el distanciamiento y las condenas por las transgresiones a los principios democráticos. Tales medidas serían legítimas y procedentes frente al viciado régimen venezolano, darían prueba de coherencia y evitarían el desaliento que causa a las disidencias la complacencia y tolerancia de las democracias y los organismos latinoamericanos.

Fuente: Blogs El Mercurio.
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AMERICA LATINA: Carrera Armamentista en América Latina: armas, armas, armas.

¿Se está rearmando América Latina? Esta es la impresión que se podría deducir de una rápida mirada a las cifras. Según el Instituto de Investigación para la Paz Internacional de Estocolmo (SIPRI), una autoridad en el estudio del gasto militar, los presupuestos de defensa de los países de América Central y del Sur pasaron de sumar 29.100 millones de dólares en 2003 a 39.600 en 2008.

Un espectacular aumento del 36 % en cinco años que debería llevar a pensar que algo está pasando. Desde luego, se puede argumentar que el continente sigue siendo una zona relativamente poco armada en comparación con otros rincones del globo como Oriente Medio (75.600 millones) o Asia Oriental (93.000 sin incluir el presupuesto chino). Pero lo que resulta llamativo es que la cuota latinoamericana del gasto militar mundial ha crecido en los últimos años.

De hecho, entre los años 2003 y 2008, la participación de Centro y Sudamérica en la inversión global en defensa pasó del 2,87% al 3,23%. En otras palabras, los presupuestos militares crecieron más deprisa en América Latina que en el resto del mundo.

El problema con las generalizaciones es que pueden terminar significando muy poco. Algo así pasa con los números sobre el gasto en seguridad de América Latina. Dentro del mismo saco quedan países con presupuestos y posturas militares radicalmente distintas. Ahí está Argentina cuyo gasto en defensa ha caido durante los pasados 25 años hasta quedar reducido a 2.077 millones de dólares en 2008 al lado de Brasil que mantiene el aparato bélico más grande de la región con un presupuesto de 15.477 millones dólares el pasado año.

Lo mismo se puede decir de Perú que ha visto como se hundía su inversión en seguridad hasta unos magros 1.302 millones de dólares para el 2008 mientras Chile impulsa un programa de modernización apoyado en un gasto de 4.778 millones de dólares en el mismo periodo. Con un panorama tan diverso, parece difícil hablar de una carrera militar continental. Por el contrario, resulta más adecuado mirar a la región como un escenario de crecientes desequilibrios que prometen alimentar la inestabilidad y hacer más probables las crisis.

Entre la politica defensiva y la desestabilización regional

Las asimetrías se hacen más evidentes cuando mira en que se están invirtiendo los presupuestos de defensa. De hecho, el nivel de gasto militar dice poco sobre quienes mantienen un dispositivo militar defensivo y quienes están apostando por desestabilizar el escenario estratégico. En América Latina hay ejemplos de ambas posiciones con independencia del volumen de inversión en seguridad. Colombia ostenta el título de ser el segundo país de la región en gasto militar con un 4% de su PIB dedicado a sostener su aparato militar. Sin embargo, el esfuerzo presupuestal de Bogotá esta orientado a construir una fuerza volcada hacia la seguridad interna y con escasa capacidad para desarrollar operaciones convencionales contra los ejércitos vecinos.

La situación es la opuesta en el caso de Venezuela. Dada la caótica contabilidad de las finanzas públicas de Caracas, resulta imposible saber cual es la cifra real que dedica a su defensa. En cualquier caso, lo preocupante es qué estos recursos se están invirtiendo en la adquisición de una costosa panoplia de tecnología bélica -cazabombarderos SU-30, helicópteros de ataque Mi-35 y pronto tanques T-80- que le proporciona una ventaja abrumadora sobre sus vecinos. De este modo, incluso si Venezuela gasta menos en defensa, el impacto de sus compras militares tiene un carácter desestabilizador para el escenario de seguridad latinoamericano.

Lo mismo se puede afirmar de otros países con ejércitos más pequeños. México ha impulsado un crecimiento del presupuesto de defensa de un 23% en los últimos 5 años que le ha permitido adquirir desde equipos de inteligencia hasta helicópteros. En cualquier caso, el crecimiento militar azteca no puede ser visto como una amenaza por ningún país centroamericano sencillamente porque está dirigido a restaurar el orden interno. Algo distinto cabe señalar del caso de Nicaragua donde el presidente Daniel Ortega ha anunciado su intención de firmar un acuerdo con Rusia para modernizar el arsenal en manos del Ejército. De hecho, la puesta al día de un parque de material que incluye vehículos blindados y piezas de artillería promete proporcionar a Managua una abrumadora superioridad sobre todos sus vecinos.

Para qué se quieren las armas

En este contexto de crecientes desequilibrios, algunas de las armas adquiridas por los gobiernos latinoamericanos prometen hacer más difícil la gestión de una crisis regional. De hecho, una parte de los nuevos equipos bélicos proporciona a sus poseedores la capacidad de golpear blancos distantes al interior del territorio rival. Solo un par de ejemplos. Cazabombarderos como los SU-30 venezolanos o los F-16 chilenos pueden penetrar profundamente en el espacio aéreo enemigo para atacar objetivos en la retaguardia adversaria.

De igual forma, los submarinos Clase Kilo Mejorada que el presidente Chávez planea adquirir o los Skorpene que Chile ya tiene y Brasil busca pueden lanzar misiles antibuque con alcances cercanos al centenar de kilómetros. Semejantes medios militares otorgan una ventaja decisiva al lado que ataca primero con lo que se recorta el tiempo para tratar de resolver pacíficamente una posible disputa. En consecuencia, este tipo de equipos prometen estimular un comportamiento más agresivo en caso de un eventual escenario de tensión entre dos gobiernos.

Dicho esto, la cuestión clave no es cuanto gasta un país en defensa o qué equipo militar posee sino quien tiene las armas y para que las quiere. En otras palabras, sin perder de vista las capacidades bélicas de un gobierno, el factor determinante para considerarlo una amenaza tiene que ver con sus intenciones políticas y estratégicas. En este sentido, es muy distinto un submarino o un cazabombardero en manos de países perfectamente democráticos como Chile o Brasil que al servicio de un proyecto ideológico expansionista como el impulsado por Venezuela. Para comprobarlo, basta con comparar la moderación de los discursos de mandatarios como la chilena Bachelet o el brasileño Lula con la facilidad con que el presidente Chávez recurre a la retórica belicista. Una diferencia que debería ser tomada en cuenta por países como Rusia, China o España antes de decidir a quien venden armas en América Latina.

Por Román Ortiz - Especial para Infolatam
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FRANCIA: Sarkozy viaja a Brasil con contrato militar en la mira.

PARIS -- El presidente francés Nicolas Sarkozy llegó este domingo a Brasil para una corta visita de Estado durante la que espera finalmente cerrar -aunque aún no pueda anunciar- la primera y esperada victoria en las ventas del avión francés de combate Rafale fuera de Francia.

La aeronave de Sarkozy, quien viaja acompañado de seis miembros de su gabinete de ministros y una veintena de grandes empresarios, aterrizó hacia en horas de la tarde en la capital brasileña, constató un periodista de la AFP.

El jefe de Estado francés fue recibido por su homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, con quien compartirá una cena reservada en la residencia oficial, durante la que los dos mandatarios discutirán lo esencial de la agenda, la licitación brasileña para comprar 36 aviones caza de última generación.

El resultado de esa licitación no debe ser anunciado durante esta visita, pero el avión Rafale, de la francesa Dassault, aparece como franco favorito por delante del sueco Gripen, fabricado por Saab, y el estadounidense F/A-18, de la gigante Boeing.

Para convencer al gigante sudamericano, que desea desarrollar su propia industria de defensa, Francia aceptó un acuerdo de transferencia de tecnología considerado sin precedentes y cuenta con la relación privilegiada entre los dos jefes de estado para vencer la apuesta.

"Entre Brasil y Francia no existe una relación de abastecedor a cliente, sino entre asociados'', dijo Sarkozy en una entrevista el domingo al diario O Globo. "Y queremos actuar en conjunto porque compartimos los mismos valores y una misma visión de las grandes metas internacionales'', añadió el mandatario.

A su vez, Lula se mostró sensible a esos argumentos al dejar ver su preferencia por el Rafale. "Francia se mostró el país más flexible para la transferencia de tecnología'', dijo el miércoles en una entrevista a la AFP. "Evidentemente, es una ventaja comparativa excepcional'', opinó.

A pesar de estos indicios, la delegación francesa, con la experiencia de fracasos anteriores en las tentativas de exportar el Rafale, prefiere no anticipar un eventual anuncio durante esta visita. El calendario fijado por Brasil indica que el anuncio deberá ser realizado en octubre.

Pero aún sin anuncios sobre el Rafale, Sarkozy formalizará los contratos cerrados en diciembre, en su último viaje a Brasil, para vender cuatro submarinos de ataque Escorpène, 50 helicópteros de transporte militar, y la fabricación del casco de un submarino nuclear.

Estos contratos, según la prensa brasileña, son estimados en 8,500 millones de euros. De acuerdo con el diario Folha de Sao Paulo, "Brasil firmará con Francia su mayor contrato militar'' y añade que "probablemente'' el gobierno brasileño le agregará en breve el contrato por los aviones caza.

Sarkozy espera igualmente conseguir un impulso a empresas francesas que disputan otros enormes contratos en el mercado brasileño, como la construcción y operación de la línea de tren rápido entre Rio de Janeiro y Sao Paulo.

El presidente francés estará acompañado en Brasilia por dirigentes de grandes empresas (EADS, Safran, Alstom, GDF Suez, Dassault) que lanzarán en la próxima semana con sus pares brasileños un "grupo de alto nivel'', que tendrá la tarea de "preparar la próxima etapa de la asociación'', informó la presidencia francesa.

Por Philippe Alfroy/AFP – El Nuevo Heraldo.
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Diputado Pedro Araya: "Hay gente en la DC, como Latorre, que no quiere que Frei sea Presidente".

No Puedo dejar de dar mi opinion ante estas declaraciones: Seguimos en el area chica, cuando el Diputado Pedro Araya G, abarca lo macro......Toda razon, tiene en posecionar la posibilidad de sumar las fuerzas de toda la Centro Izquierda, mas aun a nuestros Ex-camaradas.
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Nuestro Candidato Frei, necesita buscar los mecanismos necesarios para buscar acuerdos con alturas de miras. Como es posible que ciertos sectores sigan arriesgando la candidatura de nuestro Candidato, por meros personalismos e individualismos desmedidos. Soy y sere partidario de sumar, mas aun de personas que estan cercanas a nosotros, dejemos de lados nuestros limitados personalismo, en pos de una causa mayor....FREI PRESIDENTE 2010, EN PRIMERA VUELTA, Y A NO CONFIARSE EN SEGUNDA VUELTA....ESCUCHEMOS LA PALABRAS DE NUESTRO EX-PRESIDENTE PATRICIO AYLWIN....
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MENSAJE A JUAN CARLOS LATORRE; NO SE OLVIDE CAMARADA QUE SU PRESIDENCIA PDC, FUE EN BASE A UN CONSENSO, POR LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIA QUE NUESTRO PARTIDO SE ESTABAN VIVIENDO - POR CARLOS SAAVEDRA MARTINEZ.
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Articulo: Puntualmente a las dos de la tarde del martes llegó Adolfo Zaldívar hasta el comedor de los diputados ex DC en la Cámara.

Allí lo esperaban los independientes Alejandra Sepúlveda y Pedro Araya y los PRI Eduardo Díaz y Carlos Olivares. El presidente de este partido, Jaime Mulet, no llegó a la cita, lo que alimentó las versiones de que las diferencias con el senador son cada vez mayores.

El almuerzo sirvió para conocer el estado de avance de las negociaciones con la Alianza y la Concertación para gestar un acuerdo de cara a las elecciones parlamentaria y presidencial.

En ese escenario es que se constató que pese a las señales de distensión emanadas desde el comando de Eduardo Frei, es muy difícil que de aquí al 14 de septiembre -fecha límite para inscribir las candidaturas- se logre concretar un pacto, debido al rechazo que la idea genera en parte de la DC -el "alvearismo" principalmente- y en el presidente de la colectividad, Juan Carlos Latorre.

"Hay gente en la Democracia Cristiana, como Juan Carlos Latorre, que no quiere que don Eduardo Frei sea Presidente, porque han hecho todo lo posible para evitar que pueda sumar voluntades a su candidatura y eso ocurre porque ha primado el resentimiento hacia nosotros y Adolfo", dijo ayer el diputado Pedro Araya, quien ha encabezado las conversaciones de los ex DC con la Concertación.

De hecho, el diputado almorzó hace unos días con el jefe del equipo político del comando "freísta", Belisario Velasco. En el encuentro, Velasco le transmitió el interés del ex Mandatario de materializar un acuerdo y de generar las condiciones para que Frei y Zaldívar se reúnan privadamente.

La reunión con el ex ministro del Interior sirvió además para ratificar que en el resto de la Concertación no hay mayores objeciones a un entendimiento con los "colorines".

"Si uno escucha las declaraciones de Latorre o de la gente del 'alvearismo' es fácil darse cuenta de que no quieren que Frei se acerque a otros sectores que le pueden ayudar a ganar la elección; basta ver lo que dijo Soledad Alvear. Afortunadamente, ha existido más generosidad del PS-PPD y el PRSD, que sí nos han hecho saber su disposición de buscar un entendimiento para la segunda vuelta", agregó Araya.

Una de las fórmulas que se manejan para asegurar el apoyo "colorín" a Frei en una eventual segunda vuelta es que la Concertación se "omita" en los distritos en que los ex DC compiten con posibilidades de elegirse.

POR FRANCISCO TORREALBA - EMOL
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Los señores de la guerra.

La mayoría de estos hechos expresan una debilidad técnica del poder político, el que en veinte años fue incapaz de dotar a la Defensa Nacional de una institucionalidad coherente y moderna, y que al final de un ciclo de desarrollo nacional exhibe una administración sectorial que apenas si tiene diferencia con lo que se recibió en 1990 al momento de reinstalarse la democracia.

Luego de veinte años de gobiernos democráticos se asienta la convicción de que en política de Defensa, especialmente en su componente militar, la Concertación sólo puede exhibir una administración menos que mediocre. Lo que complementa el aserto de que si bien el tema es demasiado importante para dejarlo solo en manos de militares, los resultados pueden ser aún peores si a ello se suma civiles incompetentes.

El pasado fin de semana el país se conmovió con la noticia de que el Ejército mantenía en la nómina de sus contratos a honorarios a militares retirados, vinculados a violaciones de derechos humanos.

La noticia, explicada de manera políticamente balbuceante por parte de las autoridades del sector, confronta de manera brutal la disposición presidencial expresada hace algunas semanas de considerar indultos a militares condenados por estos delitos. Porque tales indultos reforzarían la renuencia de las instituciones militares a asumir de manera institucional su responsabilidad en las violaciones del pasado, y a aceptar los derechos humanos también como un principio fundamental de su organización interna.

Durante veinte años de régimen democrático, sectores importantes de las Fuerzas Armadas han negado información, adulterado documentos o amparado u ocultado a personal involucrado en violaciones a los derechos humanos. En muchos casos ello ha quedado en evidencia después de largas investigaciones judiciales o hallazgos de los propios familiares de las víctimas.

Tales hechos confirman la hipótesis de que las Fuerzas Armadas no desean reconocer la responsabilidad institucional, es decir del mando de la época, por hechos que consideran propios de una situación de guerra. Para ellos el tema siempre ha sido de responsabilidad individual y solamente cuando se prueba en juicio, y su discurso permanente ha sido que acatan las decisiones de los tribunales.

El país, en cambio, ha marchado en sentido contrario y pese a las dificultades ha incluso ratificando el tratado que crea el Tribunal Penal Internacional para sancionar los delitos de lesa humanidad. Por ello, era de esperar que los derechos humanos tuvieran una fuerza simbólica nueva que impregnara la percepción y la conducta de todas las instituciones de la Defensa.

Ellas se desenvuelven en un medio profesional extraordinariamente sensible a los elementos doctrinarios y simbólicos, por lo que el Ejército, institución involucrada en este caso, no puede omitir el hecho de que está amparando a militares que infringieron todos los códigos de honor y profesionalismo que lo sostienen. Lo que compromete tanto su imagen institucional como la del Estado chileno.

Por lo mismo, las explicaciones del ministro de Defensa (y sus incomprensibles apelaciones a la Revolución Francesa) en torno a la presunción de inocencia de los militares contratados por el Ejército, resulta pueril. Esta indica una falta de comprensión fina de su papel cautelar en la aplicación de una política institucional de recursos humanos, con negación de principios doctrinarios básicos, en una institución de la cual es la máxima autoridad después de la Presidenta.

En el caso del Ministro Viera Gallo el error tiene un doble significado negativo. Él fue parlamentario -incluso Presidente de la Cámara de Diputados- es decir ha estado en el cenáculo del control político de la democracia chilena. En tal calidad está perfectamente enterado de las agrias disputas políticas y presupuestarias, desde el inicio de los gobiernos de la Concertación, por la mantención de agentes de la DINA y la CNI en las nóminas de las Fuerzas Armadas. Conoce muy bien el largo proceso hasta lograr transparentar el tema de los derechos humanos con verdad y justicia, evadiendo todos los intentos por consolidar la impunidad, y ha experimentado personalmente los clivajes del juego de la desinformación al cual los militares sometieron en muchas oportunidades al poder civil. Más aún, por su formación jurídica, entiende claramente la diferencia que existe entre responsabilidad de Estado, responsabilidad institucional y responsabilidad individual. ¿Para qué ofender la inteligencia de la ciudadanía y el dolor de las victimas y sus familiares con justificaciones sobre procesos o condenas judiciales que no vienen al caso?

La maniobra política de los militares

Pero sería reduccionista sostener que los problemas de la conducción civil de la Defensa se limitan a aspectos doctrinarios y de principios. Aunque estos son una muestra clara de cómo las autoridades civiles han ido cediendo a través de los años en sus convicciones republicanas, y entregado la conducción de la Defensa a la autorregulación militar.

También los escándalos por corrupción que actualmente investiga la justicia, el debate legislativo sobre la nueva institucionalidad ministerial, la profesionalización de las Fuerzas Armadas o el financiamiento de la Defensa, contienen huellas de un corporativismo militar extremo y una baja calidad de la gestión civil.

En las últimas semanas, de manera previa a la aprobación definitiva de la nueva Ley del Ministerio de Defensa Nacional por el Senado, se han hecho sentir las voces, principalmente de altos mandos en retiro, que abogan por la necesidad de mantener el esquema institucional actual, incluida la Ley Reservada del Cobre, a estas alturas un instrumento totalmente irracional. Aunque también hay militares que aprovechan la tribuna para producir acomodos políticos.

La mayoría de estos hechos expresan una debilidad técnica del poder político, el que en veinte años fue incapaz de dotar a la Defensa Nacional de una institucionalidad coherente y moderna, y que al final de un ciclo de desarrollo nacional exhibe una administración sectorial que apenas si tiene diferencia con lo que se recibió en 1990 al momento de reinstalarse la democracia.

La corrupción en las compras está vinculada tanto a la debilidad de los procesos decisorios civiles y la falta de control - que tempranamente quedaron en evidencia con el contrabando de armas a Croacia- como al hecho de que no existe una institucionalidad ministerial capaz de hacer gerencia integrada de los proyectos, que obliguen a quienes los diseñan y requieren a una adecuada claridad y justificación técnica.

Fuera de administrar formalmente los fondos disponibles en abundancia y a cualquier evento por la Ley Reservada del Cobre, quienes deciden qué, cuándo y cómo se compra en realidad son los militares, y siempre por ramas. Autorizados de manera acrítica por civiles que, en palabras del actual ministro de Defensa, deben aceptar que ellos son los profesionales y los que saben de la materia.

En medio de esta autorregulación perfecta, financiamiento automático y cero control, la planificación conjunta es un eufemismo, y la creación del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional contenida en la actual propuesta de ley, no está destinada a crear un mando interoperativo real permanente que decida, sino a seguir siendo un organismo asesor. El poder militar real sigue compartimentado en cada una de las ramas y sus respectivos Comandantes en Jefe, los que se comportan como señores feudales.

El proceso de paralización burocrática ha ido acompañado de una extrema politización del mando militar superior. Es decir, en vez de desarrollar una capacidad técnica civil en materia de Defensa, las autoridades civiles, carcomidas por el diálogo cívico-militar, crearon los incentivos para que el mando militar se acercara de manera política al mundo civil, lo que lesiona el desarrollo de las instituciones y un vínculo subordinado sano con el poder político.

El caso extremo se ha dado en la Armada. Fue inaugurado por Jorge Martínez Bush quien logró su designación como senador abandonando unos meses antes el mando de la Armada, en plena vigencia de los enclaves autoritarios. Luego lo siguió con éxito el Almirante Jorge Arancibia, quien antes de terminar su período de Comandante en Jefe pasó a ser senador de la UDI y ahora maniobra para posicionarse como eventual ministro de Defensa si Sebastián Piñera gana la elección presidencial. Otros altos oficiales del mando más reciente pasado a retiro buscan eventuales diputaciones o se erigen derechamente como operadores políticos entre sus instituciones y el mundo político. La actitud crítica de la oficialidad joven ante este hecho es total, mientras que el antiguo esquema institucional de un Cuerpo de Almirantes prácticamente ha desaparecido.

Es evidente que los escándalos de corrupción son el resultado de una debilidad endémica de los procedimientos administrativos y de control ministerial, pero también provienen de una falta de liderazgo civil, pues además de comprometer al menos la responsabilidad política de las autoridades sectoriales civiles en ejercicio en la época que ellos ocurrieron, no existen evidencias claras de una voluntad orientada a modernizar toda la administración de la Defensa y, en especial, sus instituciones militares.

Por Santiago Escobar –El Mostrador.
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VENEZUELA: Oposición pide CIDH verifique persecución judicial en Venezuela.

La oposición solicitó el lunes al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, que medie para que el gobierno venezolano permita una visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para indagar sobre procesos judiciales iniciados contra opositores.

La dirigente Delsa Solórzano, dijo el lunes a la prensa que los partidos opositores consignaron ante la representación de la OEA en Caracas una carta para que Insulza "agilice todos los trámites necesarios" ante la administración del presidente Hugo Chávez, y "se autorice" la visita al país de la CIDH.

Solórzano expresó preocupación por la detención del prefecto opositor de Caracas, Richard Blanco, así como la orden de captura que emitió un tribunal contra el dirigente opositor, Oscar Pérez, y denunció que esas medidas responden a una persecución y un "fusilamiento judicial" de opositores.

La dirigente exhortó a Insulza a que "así como se preocupa de lo que ocurre en Honduras se preocupe por lo que está ocurriendo en Venezuela".

Solórzano fustigó las afirmaciones que realizó la semana pasada la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien anunció que pedirá el enjuiciamiento de todas aquellas personas que alteren el orden público y acusó a la oposición de marchar por cualquier motivo para desestabilizar el gobierno de Chávez.

Los comentarios de Ortega Díaz coincidieron con una medida de detención que acordó un tribunal contra once trabajadores de la alcaldía metropolitana de Caracas quienes fueron arrestados el 26 de agosto tras manifestar en la capital contra una ley que aprobó la Asamblea Nacional que limita los ingresos de la dependencia capitalina.

Los detenidos fueron acusados de alterar el orden público, resistencia a la autoridad y de provocar lesiones a un agente de la policía metropolitana.

Un tribunal local ordenó la aprehensión de Blanco por las presuntas agresiones que habría cometido a un policía que se infiltró en la marcha de los empleados de la alcaldía metropolitana que dirige el opositor Antonio Ledezma.

La oposición convocó para el 5 de septiembre a una marcha en la capital para protestar contra la detención de Blanco y los empleados de la alcaldía metropolitana, y las declaraciones de Ortega Díaz.

Ledezma realizó en julio una huelga de hambre de cinco días en la sede de la OEA en Caracas para solicitar a Insulza su mediación ante el gobierno de Chávez y que recibiera en Washington a una comisión de opositores.

Por The Associated Press – El Nuevo Heraldo.
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¿Sindicalización automática?

Los académicos de la Universidad de Chicago Richard Thaler y Cass Sunstein publicaron en 2008 un libro que ha tenido gran acogida en el mundo político debido a las potenciales y novedosas aplicaciones de políticas públicas que surgen a partir de sus análisis. Estos autores recogen en su obra una larga serie de trabajos académicos que se han dedicado a analizar lo que en la jerga económica se ha llamado “anomalías”. Estas anomalías corresponden a características del comportamiento humano que son muy difíciles de explicar con el modelo económico tradicional de agentes perfectamente racionales.

Los autores explican que los seres humanos, al hacer elecciones relativas al consumo, somos sensibles al ordenamiento en el que se nos presentan las opciones. El típico ejemplo que entregan es el de los comedores estilo buffet, en que los comensales elegirán comida más o menos sana según la posición en que se ponga, por ejemplo, la ensalada. Esto se contradice con un modelo en el que los individuos ven todas las posibilidades disponibles y eligen el conjunto de comida que más les satisface (ya que el costo de estirar un poco más la mano para alcanzar la ensalada no debiera ser demasiado alto).

Otro ejemplo que entregan es el de las alternativas por omisión o defaults. Diversos estudios han mostrado el enorme poder que éstas tienen en las decisiones de los individuos. Da la impresión que el comportamiento de las personas tuviera una cierta inercia, de manera que en muchos casos nos quedamos con la alternativa preestablecida aun cuando existan otras mejores que podemos elegir con relativa facilidad. Ejemplos de cómo cambia el comportamiento de las personas frente a diversas alternativas de omisión se encuentran en estudios sobre elección de seguros de salud o en estudios sobre donación de órganos: el número de donantes aumenta enormemente cuando las personas en vez de tener que marcar la opción “soy donante” se ven forzados a marcar la opción “yo no soy donante” (donde, en ambos casos, no marcar nada significa acogerse a la alternativa omitida).

Los académicos Sunstein y Thaler proponen, desde el punto de vista de políticas públicas, actuar como “paternalistas libertarios”, es decir, manipular el ordenamiento de las opciones (y las alternativas por omisión) de manera de optimizar el bienestar social, pero siempre dejando todas las opciones abiertas, es decir, sin coartar la libertad de los individuos.

Esta idea parece estar comenzando a influir en el debate en Chile. Un ejemplo de ello es la propuesta que se está haciendo de sindicalización automática. Ésta, en palabras simples, consiste en que todo nuevo trabajador en una empresa se considerará como miembro del sindicato a no ser que éste exprese explícitamente su interés por desafiliarse. Este tipo de proposiciones demuestra la peligrosidad del paternalismo libertario mal entendido y, sobre todo, de la idea de que es posible en todos los casos determinar cuál es la alternativa que maximiza el interés del país (y no el de un grupo de interés o la reputación del gobernante). La verdad es que en muchos casos no podemos determinar la alternativa óptima y, por tanto, la que debemos utilizar como alternativa por omisión o default. Así parece ocurrir en materia de sindicalización.

En las últimas décadas ha caído la tasa de sindicalización en las más diversas regiones del mundo y bajo distintos regímenes laborales. Ello no puede ser casualidad y lo más probable es que sea el resultado de una creciente competencia global que reduce las rentas que han sido tradicionalmente el objeto legítimo de negociación entre empleadores y sindicatos. Eso sugiere que la alternativa por omisión óptima depende de las circunstancias en las que se desenvuelven los distintos sectores productivos y las empresas específicas. La sindicalización automática no es, entonces, una alternativa por omisión que se pueda considerar a priori como óptima. Si se opta por este camino, se corre el riesgo de reducir de manera permanente la demanda por trabajo.

Hay, entonces, casos en que es incorrecto utilizar este enfoque. La insistencia en usarlo en estas circunstancias tendría orígenes ideológicos antes que técnicos. En otras palabras, en esos casos la elección de la alternativa por omisión no estaría iluminada por el conocimiento que se ha ido acumulando en el tiempo en investigaciones y análisis de políticas ocurridos en nuestro país y en el resto del mundo, sino por consideraciones a las preferencias de grupos particulares que no necesariamente representan lo que le conviene al país. Éstas son las que parecen estar detrás de quienes proponen la sindicalización automática.

Si nuestros gobernantes van a utilizar el conocimiento adquirido a través de años de estudio de “anomalías”, sólo deben hacerlo cuando es evidente la alternativa por omisión que eleva el bienestar social. Utilizarlo de manera comprehensiva para defender diversas políticas es un error que puede tener consecuencias insospechadas para el propósito que se aspira a alcanzar o para alguna otra dimensión que es de interés para los gobiernos.

Por Francisca Dussaillant L. - Centro de Estudios Públicos - Blogs Emol.
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¿Qué se debe mirar en esta CEP?

En el caso de Sebastián Piñera será interesante medir cuánto es el impacto que ha tenido su campaña destinada a los votantes bolsillo de la Concertación, que en su momento dieron algún cambio hacia Lavín y que están totalmente fascinados con la Presidenta y su gobierno de protección social. No es fácil lograr ese desafío oscilando entre el desalojo y la continuidad materializada en el bono de marzo.

Los seres humanos tenemos desde tiempos inmemoriales una tendencia natural a las apuestas, en especial sin son numéricas y más aún cuando influyen en nuestras vidas y dependen de parámetros inciertos de los cuales todos creemos tener un cierto instinto. Nada es mejor ejemplo de ello que las predicciones presidenciales.

Y como parte de este ritual, predecir incluso la encuesta CEP, de la que todos se declararán ganadores, las expectativas señalan que el resultado más lógico parece ser un alza de Marco Enríquez-Ominami, una baja de Eduardo Frei y un resultado similar al de encuestas anteriores por parte de Sebastián Piñera. Pero a diferencia de los mercados, en el mundo electoral las expectativas y los resultados no necesariamente son cercanos.

Para esta encuesta en particular, según se ha leído en varios medios de comunicación, los comandos han diseñado estrategias para tener presencia pública en el período que dura el trabajo de campo de la encuesta, en una conducta que es solamente explicable por el efecto político que provoca este sondeo y por tanto en su influencia en potenciales votantes, en especial en ese porcentaje del orden del 15% que no tiene decidido su voto en primera vuelta. Habrá que ver lo efectivo de dichos caminos.

¿Cuánto de estos resultados serán un verdadero reflejo de lo que pasará finalmente en Diciembre? En septiembre de 2005, la CEP realizó un sondeo de características similares al que va a anunciar esta semana. Los resultados indicaron que Michelle Bachelet prácticamente ganaba en primera vuelta, pues marcaba 46 puntos y que había un empate entre Sebastián Piñera y Joaquín Lavín, los dos candidatos de la Alianza. La diferencia entre la actual Presidenta y la suma de los dos candidatos opositores era de 8 puntos. En el resultado de diciembre, no hubo un triunfo de la Concertación en primera vuelta, y la suma de Piñera y Lavín superó a Michelle Bachelet en casi 3 puntos. Evidentemente hubo un vuelco mayor en los dos últimos meses de campaña, y teniendo en cuenta la particular situación que se da en esta competencia, no es descartable que ocurra algo similar, como ha ocurrido a lo largo de esta campaña presidencial. Entonces, cabe preguntarse qué señales habrá que mirar en esta.

Como indicamos en una columna anterior, en el escenario que Enriquez - Ominami tenga un alza será mayor el desafío de demostrar que es capaz de gobernar. Sabiamente Marco se ha comparado con Lagos y Bachelet en aquello de romper paradigmas y dar buenos gobiernos, con la diferencia que ellos representaban a un movimiento político social de amplitudes mayores. Es verdad que Chile cambió, pero no tanto.

En el caso de Sebastián Piñera será interesante medir cuánto es el impacto que ha tenido su campaña destinada a los votantes bolsillo de la Concertación, que en su momento dieron algún cambio hacia Lavín y que están totalmente fascinados con la Presidenta y su gobierno de protección social. No es fácil lograr ese desafío oscilando entre el desalojo y la continuidad materializada en el bono de marzo. Piñera no ha logrado todavía aprovechar la ventaja psicológica de una Concertación dividida y derrotada en las municipales.

Eduardo Frei no ha logrado todavía, pese a los esfuerzos realizados, desatar la que es la mayor fuerza de la Concertación, la capacidad de despliegue en territorio: una lista parlamentaria que todavía no se cierra, acusaciones de intervencionismo electoral han hecho que no aproveche el momento que le dio la encuesta CEP anterior, y por tanto los resultados deben ser visto bajo esta óptica. Pero una distancia demasiado grande con Piñera hará cuesta arriba este despliegue que se verá en los meses de octubre y noviembre.

Y la última duda que dejará la CEP es el papel de Zaldívar y Navarro en esta competencia. ¿Serán capaces de no inscribirse a la luz de los resultados de la CEP, e inclinar su balanza hacia alguno de los otros candidatos o simplemente se inmolarán a lo Frei Bolívar, sin temas que levantar y sin público que los escuche? ¿Aceptarán otros comandos el apoyo de ellos y por tanto una bajada digna de ambos contendores a cambio de algún mensaje de corregir el modelo o alguna concesión en proyectos medioambientales de renombre?

Por Carlos Correa B.- Analista electoral de Imaginacción Consultores –El mostrador.
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Masiva orden de arresto para ex militares de Pinochet.

La justicia chilena despachó el martes una orden masiva de arresto contra más de un centenar de ex militares y policías por su responsabilidad en planes represivos de la dictadura de Augusto Pinochet, entre ellos la Operación Cóndor', confirmó el juez a cargo del caso.

El magistrado Víctor Montiglio dictó orden de arresto contra al menos 129 ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la temida policía política que operó en los primeros años de la dictadura de Pinochet (1973-1990), acusada de ser la responsable de la mayoría de las 3,000 víctimas que dejó su régimen.

"En general estamos investigando a todos los que han tenido participación en los cuarteles, en la medida en que hayan intervenido, procurado o afirmado la situación de privación de libertad de las víctimas. Estamos mucho más cerca del final'', dijo el juez Montiglio a Radio Cooperativa.

Una fuente judicial informó a la AFP que la orden de arresto se cumplirá de manera escalonada de aquí al viernes. Todos fueron encausados en calidad de coautores de secuestro calificado.

Montiglio asumió la investigación en 2006 --en reemplazo del juez Juan Guzmán, quien inició sus indagaciones en 1998-- y ha debido enfrentar testimonios contradictorios y la negación de los crímenes por parte de los interrogados, hecho que retrasó su decisión.

"Hay resoluciones importantes en la causa, pero el ministro [juez] nos pidió expresa reserva para poder completar las diligencias y agotar las investigaciones de importantes causas de derechos humanos, como la Operación Colombo, Operación Cóndor y Conferencia'', señaló el abogado que representa al Ministerio del Interior en estos casos, Boris Paredes.

La acusación se refiere a uno de los casos más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, la Operación Cóndor, que coordinó a las dictaduras del Cono Sur en los años 70 para el exterminio de opositores izquierdistas. Organizada por los servicios secretos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y nacida en 1975, dejó centenares de desaparecidos en estos países, con alcances que aún se investigan.

Por este plan fue asesinado en Buenos Aires en 1974 el ex comandante del Ejército chileno, Carlos Prats, y su esposa, y en 1976 el ex canciller chileno Orlando Letelier, en Washington.

La decisión del juez Montiglio incluye también la Operación Colombo, que consistió en la desaparición de 119 opositores a Pinochet en 1975, cuyas muertes el régimen ocultó a través de un montaje comunicacional que lo hizo ver como un enfrentamiento entre izquierdistas.

Por este caso el mismo juez ordenó en diciembre de 2005 el arresto domiciliario del hoy fallecido dictador Augusto Pinochet.

La orden alcanza también al llamado Caso Calle Conferencia, en mayo de 1976, que permitió la detención de 10 miembros del Partido Comunista chileno, que siguen desaparecidos hasta la fecha.

La orden incluye a cinco oficiales retirados que nunca habían enfrentado a la justicia, como César Manríquez, Manuel Karevic, Sergio Castillo, Fernando Cheneau y Luis Sovino.

También a 45 suboficiales del Ejército y a 14 uniformados ya condenados por causas de derechos humanos, además de 14 ex miembros de la Fuerza Aérea, 11 ex marinos, 32 policías, seis agentes de la policía civil y dos gendarmes o policías de prisiones.

Estos últimos habrían actuado como guardias y habrían realizado los traslados de los prisioneros políticos a diversos centros de detención clandestinos en Chile.

La justicia chilena establece el delito de secuestro calificado para los casos de personas, que se suponen están muertas pero sus cuerpos nunca han aparecido.

Bajo esta tesis, muchos jueces como Montiglio, se han abstenido de aplicar la Ley de Amnistía que dictó Pinochet para delitos políticos cometidos entre el 11 de septiembre de 1973 --día del golpe de Estado-- y marzo de 1978.

Por Agence France Presse – El Nuevo Heraldo.
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Indignación porque el Ejército paga sueldos a represores de la dictadura - En el Día del Detenido Desaparecido.

Entre los mencionados hay ex integrantes de las brigadas Mulchén, Rengo y el grupo Leopardo. Asimismo, figura un ex fiscal militar que adulteró documentos para encubrir el asesinato del diplomático español Carmelo Soria, un médico que torturó a prisioneros como también el que sacó al químico de la DINA, Eugenio Berríos, fuera del país. Sectores de la Concertación y de la izquierda extraparlamentaria calificaron como una “traición” estos antecedentes y pidieron que el Gobierno, la institución armada y el ministro de Defensa expliquen esta situación.

La información aparecida en La Nación Domingo causó ronchas al interior de organismos de derechos humanos y partidos que sufrieron la muerte de algunos de sus miembros como lo fue el PS y el PC.

La diputada del PS, Isabel Allende, calificó el hecho como doloroso y que significa un retroceso a lo que dijo el general Emilio Cheyre hace algunos años, en torno a que no se repetirían hechos como los ocurridos después de 1973.

Por su parte, el presidente de la colectividad y senador, Camilo Escalona, dijo que la información era inesperada y dolorosa.

El timonel socialista señaló que es un “alfilerazo al corazón” que desmiente al comandante en jefe del Ejército cuando se refirió a temas sobre violaciones a los derechos humanos.

“Esto para nosotros es como un alfilerazo en el corazón y por lo tanto es un golpe a la confianza, a la credibilidad y al proceso de reencuentro entre civiles y militares”, mencionó

Asimismo, consideró como una “burla” y “engaño” que enturbia el buen entendimiento entre civiles y militares.

En tanto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, sostuvo que esto es una muestra del compromiso que tiene el Ejército con los criminales.

A su vez, el timonel del PC, Guillermo Teillier, afirmó que es necesario que el Ejército diera explicaciones a la gente al igual que el ministro de defensa sobre esta información.

“Esto es un golpe brutal en contra de todos los torturados, detenidos desaparecidos y sus familias”, precisó el sub jefe de la bancada, diputado Enrique Accorsi quien sostuvo que “todos los parlamentarios del PPD consideran esta actitud inaceptable y repudian absolutamente estos pagos”.

En este sentido, Accorsi puntualizó que la lista de honorarios que contempla nombres de oficiales que participaron en casos como los de Mulchén o en el encubrimiento del crimen de Carmelo Soria, conocida gracias a la Ley de Transparencia, “resulta una vergüenza”, ya que “no se puede estar pagando con plata de todos los chilenos a gente que participó en tan atroces crímenes”.

Por tal motivo, el parlamentario señaló que “exigirán al Gobierno y al Ejército que den explicaciones del por qué se están pagando esos sueldos y quién es el responsable de que ello esté ocurriendo”.

Finalmente, el diputado Accorsi adelantó que “llevarán este tema a la Comisión de Derechos Humanos que sesiona el miércoles en la Cámara de Diputados”.

Represores con sueldos

Varios represores de la dictadura de Augusto Pinochet, algunos de ellos procesados, reciben un sueldo por honorarios del Ejército, según una investigación que publica este sábado el diario La Nación.

La lista de funcionarios contratados por honorarios por esa institución incluye los nombres de ex agentes de la policía secreta, de un médico que torturó a prisioneros y de un ex fiscal que falsificó documentos para encubrir el crimen del diplomático español Carmelo Soria.

Uno de ellos es el coronel retirado Hugo "Cacho" Acevedo, que tiene un contrato por honorarios de 751.259 pesos mensuales (1.365 dólares) por "asesoría para administración del predio militar Casa Viejas de Chena".

En una audiencia ante el juez Alejandro Madrid, Acevedo admitió que perteneció a una brigada de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta del régimen, y que fue parte de la seguridad personal del dictador Augusto Pinochet, fallecido en 2006.

En la lista también figura el coronel retirado Sergio Castillo González, que actualmente recibe 1.205.298 pesos (2.191 dólares) al mes por "asesoría al desarrollo del proyecto de estructura de carrera profesional".

En diciembre de 2005, González reconoció ante un juez que fue agente de la DINA, y en mayo de 2008 fue procesado como uno de los autores de los secuestros y desapariciones en 1974 de tres militantes de izquierda que fueron víctimas de la llamada Operación Colombo.

Por su parte, Alfredo Iturraga Neumann, que declaró ante el juez que había pertenecido a la DINA, percibe cada mes 700.000 pesos (1.272 dólares) como "asesor en materias relacionadas con el levantamiento de competencias de la fuerza terrestre".

Otros 700.000 pesos del presupuesto del Ejército se destinan a pagar un salario mensual a Pablo Rodríguez Márquez, también antiguo agente de la desaparecida policía secreta, como "asesor de la sección preparación de la fuerza".

Rodríguez fue procesado y formalmente acusado por el juez Alejandro Madrid como autor de los delitos de secuestro, asociación ilícita criminal y obstrucción a la Justicia en el caso de Eugenio Berríos, al que él sacó del país en 1991, ya en democracia.

El químico y ex agente de la DINA Eugenio Berríos, a quien se atribuye la fabricación de gas sarín que se utilizó para eliminar opositores, estuvo confinado en un departamento de Montevideo y su cadáver fue encontrado en 1995 en una playa de ese país.

En tanto, el ex fiscal Sergio Cea, responsable de la cátedra de Derecho a la Información de la Universidad del Desarrollo, cuenta con un salario mensual de 677.222 pesos (1.231 dólares) del Ejército como "asesor jurídico en el proyecto de reformas a la justicia militar".

Según el diario, Cea fue parte de la operación de encubrimiento y falsificación de instrumentos públicos iniciada por la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército (DINE) para trabar la investigación por el crimen de Carmelo Soria, asesinado en 1976.
El pasado 19 de enero, el juez Alejandro Madrid, que instruye el proceso por el asesinato de Berríos e investiga nuevos antecedentes en el caso de Soria, procesó a Cea junto a otro colaborador como coautores del delito de falsificación de instrumento público.

También el médico y coronel retirado Guido Díaz Paci, que hasta ahora no ha sido procesado por delitos de lesa humanidad, percibe 400.000 pesos mensuales (727 dólares) por "atención médica al personal activo, pasivo y familiares".

A Díaz, expulsado en 1987 por el Colegio Médico por falsificar antecedentes en la muerte de un transportista, se le atribuye el encubrimiento de la matanza de 15 prisioneros en la ciudad norteña de La Serena en 1973 y torturas a prisioneros en el regimiento Arica.

Consultado por el periódico, el Departamento Comunicacional del Ejército no emitió ninguna opinión sobre estos hechos.

Por El Mostrador
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